Distintas organizaciones gremiales de funcionarios públicos presentaron este lunes sendos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para no retornar al trabajo presencial producto de la contingencia por el Covid-19.
Recordemos que el domingo el presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional el retorno gradual de los empleados de la administración pública al trabajo.
Al respecto, el mandatario defendió esta vuelta a las labores, y además anunció que el Gobierno enviará un proyecto para regular el teletrabajo en el sector público.
“Este retorno al trabajo será gradual y excluirá a los trabajadores vulnerables, como adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, funcionarios cuyo trabajo, por su naturaleza permita el teletrabajo y otros trabajadores, que lo requieran”, indicó el jefe de Estado.
“La reincorporación de los que lo están haciendo a distancia se hará cumpliendo estrictamente con todos los protocolos de seguridad establecidos por la autoridad sanitaria, como distanciamiento social, uso de mascarillas obligatorio en lugares cerrados con más de 10 personas, disponibilidad de lavamanos, alcohol gel y toma de temperatura, y todo lo que sea necesario para proteger la salud y la vida de los funcionarios públicos”, sentenció.
Al respecto, al menos cuatro organizaciones presentaron recursos de protección ante el tribunal de alzada capitalino, para impedir el retorno a sus labores de forma presencial.
Asimismo, incluyeron una orden de no innovar, es decir, dejar sin efecto lo determinado por La Moneda mientras la Corte de Apelaciones de Santiago revisa el recurso legal.
Se trata de la Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Fenpruss; la Federación de Asociaciones de Salud Pública, Fedasap; la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus; y la Asociación de Funcionarias/os Aprojunji, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Las acciones legales van en contra del presidente Piñera, además del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y del titular de Hacienda, Ignacio Briones.
Entre los argumentos, acusan un “grave acto ilegal y arbitrario, y amenazar la vida e integridad física y psíquica de las personas” por parte de las máximas autoridades del país, en medio del avance de la pandemia.
En ese sentido, apuntan además a las comunas en cuarentena y acusan la falta de implementos de protección para evitar contagios.
Por lo anterior, las entidades gremiales pidieron a la Justicia “ordenar se deje sin efecto el acto administrativo que ha dispuesto el Retorno Gradual de las funciones en los Ministerios y
Servicios Públicos de la Administración del Estado, producto del brote de Covid-19.
A esto se suma el fallecimiento de Ramón Ramírez, funcionario público de Indap en la región del Maule, y que este domingo falleció por Covid-19.
Este fue el primer caso positivo en las oficinas de Indap Maule registrado a fines de marzo según confirmó la seremi de Agricultura en la región, Carolina Torres. En esa ocasión se había determinado el cierre de las oficinas en Talca de dicho organismo.
Más tarde, el 2 de abril en el balance diario regional, fue la propia seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán, quien confirmó varios casos dentro de Indap Maule.
Revisa las acciones legales a continuación:
