El Consejo para la Transparencia determinó que la Subsecretaría del Interior debe hacer entrega de los informes de Carabineros relacionados con la muerte de Camilo Catrillanca.
En específico, desde el Consejo Directivo del CPLT se informó que dicho estamento estableció “la calidad de públicos de una serie de informes generados por Carabineros de Chile en noviembre de 2018”, relacionados con el deceso del comunero.
Por ende, la entidad ministerial deberá facilitar “dicha documentación a la persona que la solicitó vía Ley de Transparencia”.
Lo anterior, luego que se acogiese un amparo que fue presentado en contra de la Subsecretaría del Interior, llevando al Consejo para la Transparencia a considerar que los antecedentes en cuestión “obran en poder de un órgano del Estado y desestimó que se trate de información que forma parte de una investigación penal”.
Por ello, para el estamento, el envío de los informes efectuados por Carabineros a la subsecretaría ya señalada se llevaron a cabo por el “grado de jerarquía o dependencia de esta institución con respecto a esta instancia del Ejecutivo y no en su calidad de auxiliar del Ministerio Público en el marco de una investigación penal”.
Además, el contenido de la respectiva documentación constituye para el CPLT un “hecho público y notorio”.
Esto último, tomando en cuenta dichos informes dan cuenta de “los hechos ocurridos en el mes de noviembre de 2018, relacionados a los operativos policiales efectuados por Carabineros y a las medidas adoptadas por el General Director de la institución”.
Asimismo, se precisó que -en su momento- la Subsecretaría del Interior no dio la respuesta correspondiente a la solicitud de información realizada “dentro de los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia y además denegó el acceso a los antecedentes requeridos aludiendo a que la documentación formaba parte de un proceso judicial”.
Finalmente, desde el Consejo para la Transparencia informaron que el órgano -liderado en aquella época por Rodrigo Ubilla- se negó a “colaborar con la labor del CPLT, al no responder a la solicitud de entrega de dichos informes al Consejo Directivo de la entidad”.
De acuerdo al CPLT, esto tenía como objetivo “ponderar el interés por acceder a la información y la necesidad de mantener su reserva, pese a ser documentos conocidos por el Senado y la Cámara de Diputados, en el contexto de la Comisión Especial Investigadora”.
Por parte de la Subsecretaría del Interior, ésta -según el Consejo- se encuentra dentro de los plazos legales para “recurrir a esta decisión presentando un reclamo de ilegalidad ante tribunales”.
