El Gobierno publicó el acta del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) efectuado el 7 de noviembre para abordar la crisis social que se vive a nivel nacional, convocando a los más altos representantes de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas.
En la cita efectuada en La Moneda se expresaron varias preocupaciones, estando marcada desde antes de comenzar por los reparos de algunos de sus integrantes a la convocatoria.
Durante el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, su par del Senado, Jaime Quintana, y el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, estimaron que no estaban las condiciones para convocar al organismo asesor del Presidente de la República en materias de seguridad nacional.
Según quedó consignado -por parafraseo- en el acta, Bermúdez expresó que la instancia es “un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar. En su opinión, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones”.
En la misma línea quedó consignado que Quintana afirmó que “lo que existe hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico. Condenamos los actos vandálicos, la violencia manifestada en los saqueos, incendios y otros actos similares”.
Además, dijo esperar que no se recurra a otras medidas excepcionales en el futuro, y que la solución, a su parecer, pasa por abrir los canales de participación para la aprobación de una nueva Constitución.
A su vez, Flores argumentó que “quienes tienen cargos de responsabilidad en el Estado, indica, no pueden permitirse la posibilidad de generar confusión. Cuando se convoca a este Consejo, tienen una responsabilidad frente al país”.
La defensa del Gobierno
Los cuestionamientos fueron respondidos, en primera instancia, por el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien sostuvo que el Cosena “fue modificado el año 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en plena democracia, estableciéndose nuevas funciones y estructura, por lo que no corresponde decir que es un resabio del pasado, sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso”.
Además, argumentó que la definición moderna de seguridad nacional contempla una alteración al normal desenvolvimiento del país. Es decir, una alteración a la seguridad, por lo que estiman que citar al Consejo fue una decisión correcta.
A su vez, el presidente Sebastián Piñera reiteró lo dicho por Espina y dijo haber estimado relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades de la nación en el contexto del estallido social, que para ese entonces llevaba 3 semanas desarrollándose.
Asimismo, aseguró que siempre se ha hecho una distinción entre los hechos de violencia producidos, para los cuales se preparó una agenda de seguridad, y las manifestaciones, cuyas demandas esperan abordar con la agenda social.
Carabineros, sobrepasados
Entre otras materias, el encuentro estuvo marcado por la urgencia de modificar la ley de inteligencia y a la función de Carabineros, lo que fue expresado por varios de los asistentes.
El general en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, indicó que el orden público “es de responsabilidad de Carabineros, y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía. Señala que los desórdenes que se observan estos días no son comparables con los primeros días de los Estados de Emergencia, sin perjuicio de que se mantiene una sensación de inseguridad, aún cuando los actos pacíficos son muchos más que los vandálicos”, según quedó consignado en el acta.
Ante esto, el general director de Carabineros, Mario Rozas, sostuvo que el país está “viviendo una situación sin precedentes, con más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad”.
Además, detalló que a la fecha se registraban más de 1.180 Carabineros lesionados, 200 con lesiones graves; más de 600 vehículos de la Institución dañados, así como también cuarteles.
Respecto de las manifestaciones, indicó que 3,4 millones de personas se han congregado a manifestarse, registrándose más de 11 mil detenidos. “Cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada y el despliegue operativo fue muy grande”, sostuvo según quedó consignado, asegurando que se han tomado diversas medidas para resguardar el cuidado de los Derechos Humanos.
Entre otras iniciativas, indicó que por cada querella presentada por el INDH se ha abierto un sumario interno.
