Según las últimas cifras de la Fiscalía, entre el viernes 18 y el jueves 31 de octubre pasado se abrieron 1.089 investigaciones penales -en todo el país-, por denuncias de violencia institucional, las que involucran a igual número de víctimas en el contexto de los desmanes ocurridos en las últimas semanas.
Asimismo, del total de denuncias, 766 se han presentado contra Carabineros; 58 contra el Ejército; 22 contra la Policía de Investigaciones; y 8 contra la Armada; en tanto que en 235 casos no se ha identificado a un organismo en particular.
Frente a esto, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, fue más allá, y solicitó a la Fiscalía Nacional, la solicitud de designación de un fiscal preferente y único que asuma la dirección de la investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el inicio de la crisis social, hasta hoy.
El abogado miembro de la entidad, Omar Cabrera, sostuvo que los delitos que se han cometido están sancionados tanto por la legislación nacional e internacional y mencionó que el Ministerio Público tiene las herramientas para indagar estos acontecimientos.
El también abogado de Codepu, Ricardo Valdenegro, anunció que en algunos sistemas de salud, no han entregados los antecedentes al Ministerio Público para iniciar una investigación.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, enfatizó que entienden la solicitud, pero sostuvo que es una petición compleja porque actualmente el Ministerio Público está sobrecargado de trabajo.
Según menciona el escrito, se solicita al fiscal nacional, Jorge Abbott, que designe un fiscal ad-hoc para que unifique la persecución de aquellas denuncias y querellas sobre delitos cometidos contra la población civil por fuerzas represoras de la protesta social de octubre-noviembre de 2019 y los actos actuales en curso.
