Después de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott solicitara a Brasil acceder a la declaración del expresidente de OAS, Leo Pihneiro, desde la Asociación Nacional de Fiscales hicieron un llamado a no juzgar a nadie, debido a que sólo es una diligencia inicial.
La petición, se enmarcó después que el condenado por corrupción en Brasil en el caso Lava Jato, declarara -bajo el mecanismo de delación compensada- que aportó más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial de Michelle Bachelet, a través de la empresa de Giorgio Martelli. ¿El motivo?, conservar los contratos para la construcción del puente sobre el canal de Chacao, en Chiloé.
Situación que Bachelet Jeria negó tajantemente y, de hecho, sus cercanos lo atribuyen a un “ataque orquestado” desde el círculo de Jair Bolsonaro.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, bajó el perfil a la situación: subrayó que el persecutor enfatizó que la solicitud de Abbott a Brasil es un trámite normal y destacó la presunción de inocencia.
Tras la declaración de Pinheiro, diputados de Chile Vamos emplazaron a Bachelet a dar explicaciones. Una de ellas, fue la parlamentaria de Renovación Nacional, Paulina Nuñez, quien presentó un proyecto de ley para que un extranjero que entregue antecedentes para la persecución de delitos en su país, pueda ser juzgado en Chile, ya que -en su opinión- nadie esta por encima de la ley.
Por su parte, el diputado del PS y expresidente de las comisiones conjunta Penta y campañas electorales, Fidel Espinoza, defendió a Bachelet y tildó de “delincuente” a Pinheiro.
Con todo, la vinculación de OAS con nuestro país no es nueva: Si bien Pinheiro sostuvo que conversó con el expresidente Ricardo Lagos para asegurar que la constructora brasileña continuaría en la obra del puente Chacao, la compañía también habría tenido relación con el jet que le facilitó a Marco Enríquez-Ominami en su campaña presidencial de 2013.
