El martes, el Juzgado de Policía Local de Pucón resolvió que el presidente Sebastián Piñera deberá pagar una multa de $4.930.003 (100 UTM) al municipio local por haber infringido la Ley General de Urbanismo por su casa en Caburgua, región de La Araucanía.
Tras ello, la Democracia Cristiana (DC) salió a pedir que el Mandatario cancele todas las contribuciones que Piñera adeuda desde hace 30 años por el mismo inmueble y “no alegue judicialmente para pagar solo las de los últimos tres años”, dijo el diputado y jefe de bancada, Gabriel Ascencio, quien denunció el hecho junto con la Dirección de Obras municipal.
“Me parece muy bien lo de la multa. Yo entiendo que esta es la primera vez que a un Presidente de la República se le sanciona de esta manera por lo tanto me siento contento como jefe de bancada de los diputados DC de que nuestra fiscalización contribuya a que se cumpla la ley”, añadió.
“Ley pareja no es dura y esperamos que el Presidente entregue una explicación a la gente, que no quede mudo, que explique por qué está siendo sancionado por los tribunales y por qué no cumplió con la Ley. Eso no es tan difícil de hacer”, disparó el legislador.
A su parecer, el que Piñera pida que solo se le cobren los últimos tres años “sería algo impresentable para quien ejerce el cargo de Presidente”, puesto que daría un mal ejemplo a la ciudadanía.
“La Ley establece que se debe cobrar la totalidad de las contribuciones no pagadas adecuadamente y el deudor, en este caso Piñera, debe alegar para que sólo le cobren los últimos 3 años”, aseguró Ascencio.
Pese a ello, Ascencio dijo que el Gobernante debería desembolsar el monto completo.
“Así como cobramos las contribuciones a los adultos mayores y a tanta gente de clase media y así como cobramos impuestos a las Pymes, el Presidente de la República debería pagar sin chistar todas las contribuciones adeudadas por décadas que ha usado la vivienda y había evitado de manera engañosa pagar las contribuciones”, finalizó.
En su fallo, el juzgado estableció el pago de una multa a beneficio municipal tras acreditar que la construcción no tenía permiso.
No obstante, desestimó la solicitud de demolición ya que se declaró incompetente para dirimir al respecto.
