La Corte Suprema ordenó al Ejército a entregar una copia de las medidas disciplinarias puestas sobre los extenientes sancionados por dañar a un memorial de detenidos desaparecidos de Iquique en 2015.

El fallo ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que a través de un comunicado informó que la relevancia de la medida radica en que es una causa en la que se ponderan el derecho de acceso a la información de organismos de la administración central del Estado y la protección de datos personales de los involucrados.

“La defensa basada en el artículo 21 de la Ley Nº 19.628 –sobre protección de datos personales- se encuentra acogida por el CPLT, al acceder a la solicitud de la forma en que lo hizo, esto es, ordenando tarjar previamente aquellos datos personales de contexto incorporados en la información pedida, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular”, se consignó en el documento.

Asimismo, se concluyó que la rama de las Fuerzas Armadas debe intervenir en la defensa de aspectos institucionales -como seguridad de la Nación o defensa nacional- y no está legitimado para recurrir en defensa de derechos exclusivos de los uniformados.

Lo anterior, aludiendo a que en este caso se trata de la defensa de fines particulares vinculados a la honra y el honor de oficiales involucrados en el delito y puesto que -como terceros afectados- fueron notificados en todas las etapas del procedimiento, decidiendo no presentar un reclamo de ilegalidad.

La orden derivó del rechazo hacia el recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la rama castrense, en contra de las ministras que el 8 de febrero pasado, integrando la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazaron el Reclamo de ilegalidad deducido en contra de una decisión del CPLT, que acogió el amparo interpuesto por el solicitante de estos documentos.

Antecedentes del caso

Dos tenientes del Ejército fueron detenidos por Carabineros en la madrugada del domingo 13 de septiembre de 2015, tras ser sorprendidos dañando un monolito y placa recordatoria en memoria de dos detenidos desaparecidos, a pocos días de su inauguración en las afueras del ex de la Escuela de Caballería blindada del Ejército en Iquique.

Los dos exoficiales, en ese momento en servicio activo, atacaron el memorial de los ejecutados políticos Jorge Marín (19) y William Miller (42) presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Con posterioridad, el Ejército informó que fueron puestos a disposición de la justicia para iniciar una investigación que redundó en la adopción de medidas disciplinarias sobre el personal militar.

El conocimiento de dichas medidas fue lo que motivó la solicitud de información que fue presentada ante el CPLT tras la negativa de la rama castrense a entregar respaldo documental de las mismas.