Tras una reunión con exministros de Defensa, el actual titular del ramo, Alberto Espina, afirmó este lunes que la filtración de escuchas telefónicas del Ejército serán investigadas por la justicia militar, algo que el mismo secretario de Estado tildó como “delicado”.
Un reportaje de Radio Bío Bío dio cuenta que la institución intervino los teléfonos de cuatro militares que denunciaron corrupción al interior de sus filas, cuyas conversaciones fueron recabadas por la inteligencia militar, transcritas y, presuntamente, liberadas desde la misma dirección a cargo de la materia.
Ante la prensa, el secretario de Estado replicó lo conversado con el comandante en jefe de la institución, el general Ricardo Martínez, quien le aseguró que las escuchas recibieron la luz verde de un juez de Corte de Apelaciones, quien solicitó los antecedentes al respecto y declaró que la indagación ameritaba.
“Concordamos de inmediato (con Martínez acerca de la filtración) en que ese hecho debía ser investigado y que, por lo tanto, y así lo hizo el mismo viernes, remitió toda la información que disponía al Segundo Juzgado Militar para que haga una exhaustiva investigación en relación a lo que a nosotros nos parece un hecho delicado y es que se puedan filtrar antecedentes que dicen relación con labores de los servicios de inteligencia en nuestro país”, anunció Espina.
Sumado a ello, señaló que durante la jornada del domingo envió un oficio al Ministerio Público Militar, a través del cual les solicitó que se hicieran parte de tal indagación.
Para llevar adelante tales acciones de inteligencia y contra inteligencia, Espina indicó que Martínez le aseguró que todas las acciones que tienen por objeto escuchas telefónicas recibieron la luz verde de un ministro de un tribunal de alzada, por lo cual no contravinieron lo estipulado por la Ley.
“La Ley de Inteligencia es muy clara en establecer que (…) la vulneración tiene pena de cárcel”, dijo Espina.
“Ustedes comprenderán que el primero que tiene que cumplir la Ley de Inteligencia es el ministro de Defensa y, por lo tanto, toda información sobre operaciones de inteligencia y contra inteligencia por expreso mandato de la Ley cuando se refiere a intercepción se hace con la autorización de un juez civil ministro de Corte de Apelaciones”, añadió.
Tras ello, recalcó el carácter secreto de tales acciones y reiteró que divulgar información de este tenor “constituye un delito penal grave con pena de cárcel, y eso incluye a todas las autoridades que o participan de esas operaciones o toman conocimiento en virtud de su cargo”.
“Existe por eso mismo en el Parlamento una Comisión de Inteligencia que es aquella a la que se entrega información cada vez que se requiera”, agregó el ministro.
“Tengo que cumplir con la Ley, ser un ejemplo. La investigación de los antecedentes que se habrían dado a conocer y que podrían provenir eventualmente desde la Dirección de Inteligencia del Ejército lo está indagando a petición del Ejército de inmediato el Segundo Juzgado Militar y quiero señalar que, además, para reforzar nuestra preocupación sobre esa materia, le he pedido al Ministerio Público Militar que se haga parte” de la investigación, finalizó.
