Desde 2017 se celebra el día nacional de los juzgados de policía local, que busca dar visibilidad pública a la judicatura con mayor presencia territorial en el país. Y este jueves 8 de agosto cumplen 95 años con dos desafíos centrales: digitalización y modernización.

Si bien tienen presencia desde Colchane a Cabo de Hornos, a la fecha la tramitación de las causas se sigue realizando en papel.

Ante las dificultades que dicho retraso significa, Andrés Celedón, presidente de jueces y secretarios, pide apoyo al Estado para obtener el apoyo que se necesita para superar la brecha digital en la institución.

Para ello, están insistiendo sobre varios proyectos de ley en tramitación en el Congreso. Si bien en septiembre de 2018 la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en general y en particular, el proyecto que permite que las resoluciones de los juzgados de policía local sean notificadas por correo electrónica, los jueces de policía local quieren apostar por una modernización completa del sistema.

Dicho cambio costaría unos 3.500 millones de pesos, según la cifra estimada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Según explicó Celedón, “el Estado debe hacerse cargo de la modernización de los juzgados de policía local por un asunto de acceso a la justicia”.

Y si bien las conversaciones han avanzado en el Congreso y en el Poder Judicial, quienes hasta ahora ven con buenos ojos la modernización, aún no existen fechas concretas para este cambio, debido a que el foco del Ejecutivo se centra actualmente en la Reforma Procesal Civil.

Aunque de momento la propuesta no está en discusión en el proyecto actual, que pasó a segundo trámite constitucional y se encuentra desde octubre de 2018 en la Comisión de Constitución del Senado.

En concreto, los jueces de policía local proponen una modificación a la Ley N° 20.886 de tramitación electrónica para incluir a los juzgados de policía local. Así las materias propiamente adversariales, donde existe conflicto entre partes, serían sustanciadas íntegramente a través de la plataforma del sistema unificado de causas del Poder Judicial, excluyendo aquellas infraccionales (partes de tránsito) que quedarían sometidas a otros sistemas, como por ejemplo el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que también se debate en el Congreso, u otros de similar naturaleza.