Taxistas recurrieron a la Contraloría para que se pronuncie sobre una posible ilegalidad en la prestación de servicios, por parte de funcionarios del Estado, a través de las aplicaciones tecnológicas de transportes.
Hace poco más de una semana, un funcionario de Carabineros usó un arma de fuego mientras, de franco, conducía para la aplicación de transportes Beat y una pasajera intentó asaltarlo, hecho que terminó con la mujer fallecida.
Por eso es que taxistas manifestaron su molestia contra quienes son funcionarios públicos y prestan servicios para plataformas que, según han señalado las autoridades, son ilegales.
Con ese antecedente, recurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento del organismo ante esta eventual incompatibilidad.
El representante de los taxistas independientes, Claudio Morales, acusó molestia en el gremio al conocer que trabajadores del Estado, en este caso un policía, quien se supone debe fiscalizar, era conductor de la aplicación.
Los taxistas de regiones, en tanto, manifestaron su “total descontento, malestar y desaprobación hacia estas acciones, mas aún cuando funcionarios de una institución como Carabineros, que por probidad y ética institucional, no pueden realizar labores a las cuales ellos mismos deben fiscalizar y sancionar”.
