Este lunes será certificada la aclaración de la primera sala del Tribunal Constitucional (TC), que por tres votos a dos reiteró que toda la causa del ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo está suspendida desde el 9 de enero.
“La suspensión, en lo sucesivo, ha de tener lugar sin exclusiones en la gestión pendiente en la causa Rol Nº 575-2004, instruida por la ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Rutherford Parentti, excluyendo todo ‘cuaderno’ cuya etapa procesal actual sea la de sumario”, se lee en la breve aclaración del Tribunal presidido por Iván Aróstica.
Lo anterior contradice la tesis de la magistrada que había paralizado sólo el cuaderno o arista conocida como “agencias de turismo” y siguió investigando al general por el mal uso de gastos reservados.
La Sala Penal de la Corte Suprema dejó pendientes dos recursos de amparo a favor de Oviedo a la espera de esta resolución y esta semana deberían ser fallados.
Para la integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la abogada María Inés Horvith, los abogados del militar sólo quieren paralizar la causa hasta que la jueza Rutherford abandone su cargo en la Corte Marcial en marzo próximo.
De paso, pronosticó que el fondo del requerimiento de Oviedo, la inconstitucionalidad de acceder al sumario, será rechazado por el Tribunal Constitucional. “Por el fundamento del requerimiento, no tiene ninguna posibilidad de prosperar”, remarcó.
El abogado Gonzalo Rodríguez, defensor del general y autor del requerimiento, explicó que la magistrada sólo le ha concedido acceso al sumario en la arista por gastos reservados y no en la relacionada a las “agencias de turismo”.
Sin embargo, en forma paralela a los informes que ha tenido que elaborar y entregar a sus superiores, que evaluarán su actuar, la ministra Rutherford continúa con sus investigaciones.
Según fuentes consultadas por Radio Bío Bío, la jueza abrió el cuaderno número treinta, gracias a nuevos antecedentes por presuntos fraudes al interior del Ejército, el que fue caratulado como “Denuncia Anónima Cinco”.
Avanza reforma al TC
A propósito de este polémico caso y otros ocurridos en el último tiempo, el Congreso evalúa realizar cambios a dicha institución. Pese a los votos en contra y las abstenciones del oficialismo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó con 7 votos de la oposición la idea de legislar el proyecto que reforma la composición, nombramientos, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Constitucional.
Según explicó el diputado y presidente de la instancia parlamentaria, Matías Walker, uno de los aspectos que se debatirá en la votación en particular será quitarle al TC la atribución de revisar recursos de inapilicabilidad, que es el argumento bajo el cual el general (r) Humberto Oviedo logró suspender la investigación en su contra por el presunto mal uso de gastos reservados.
A juicio de Walker dicha facultad debe volver a ser ejercida por la Corte Suprema y no por el TC, “como era por el antiguo artículo 80 de la Constitución”.
La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, sostuvo que en Chile Vamos están a la espera del proyecto que ha comprometido el Ejecutivo. Sin embargo, adelantó que en su opinión una de las modificaciones que requiere esta controvertida instancia dice relación con el número de sus integrantes, que en su opinión debe ser impar “para evitar esta suerte de empate en la toma de decisiones”, que actualmente es dirimido por el presidente Iván Aróstica.
Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto fustigó a los parlamentarios oficialistas que votaron en contra o se abstuvieron en la idea de legislar la reforma al TC y recordó que esta instancia se excede en sus atribuciones cuando revisan las leyes discutidas y despachadas por el Congreso.
La aprobación de la idea de legislar esta reforma al Tribunal Constitucional es el refundido de 10 proyectos sobre la materia que -entre otros aspectos- considera reducir de 10 a 9 el número de integrantes del TC.
Asimismo, también apunta a establecer votaciones con quórum cuando se revisen leyes de quórum despachadas por el Congreso (evitando así que en caso de empate dirima el presidente del Tribunal) y la posibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros del TC.
