Parlamentarios buscarán ampliar las facultades fiscalizadoras del Congreso sobre el Poder Judicial, en medio de la controversia por las acusaciones a los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua y al fiscal regional de O’Higgins.
El denominado “Desastre de Rancagua” ha puesto en duda al Poder Judicial, que ya tiene al ministro Emilio Elgueta formalizado por prevaricación y enriquecimiento ilícito, tras haber recibido 28 millones de pesos sin justificar, entre 2016 y 2018.
Fiscalía tampoco se ha salvado: el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, ya está bajo dos investigaciones, una administrativa y otra penal, por sus actuaciones en el mismo caso del juez Elgueta, el caso Caval, la indagatoria por malversación en el Teatro Regional de Rancagua y la filtración de información sobre un caso que involucraría a un sobrino suyo.
En medio de esta situación, parlamentarios del oficialismo y oposición están buscando ampliar las facultades fiscalizadoras del Congreso para casos similares al de Rancagua.
El diputado Issa Kort, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), pedirá urgencia a un proyecto de ley ingresado en 2017, que permitiría a la Cámara de Diputados acusar constitucionalmente al fiscal nacional y a los fiscales regionales del Ministerio Público.
“Deben tener que rendir una cuenta ante otro órgano como es el Congreso Nacional. Hacemos un llamado de manera transversal, no encontrar acá trincheras políticas”, expresó Kort.
En tanto, esta semana el diputado del Partido Humanista (PH) Tomás Hirsch presentará un proyecto que busca ampliar la Ley de Lobby y así transparentar las audiencias que sostengan las autoridades. El parlamentario recalcó que es necesario intervenir ante las irregularidades en el Poder Judicial.
“Es importante ampliar las facultades de la Cámara de Diputados en términos de fiscalización, y para eso evidentemente tiene que existir la facultad de poder fiscalizar y eventualmente acusar, si fuera el caso, a los fiscales”, afirmó Hirsch.
Por su parte, el fiscal nacional Jorge Abbott planea restringir la facultad unipersonal de los persecutores en casos que involucren a imputados de alta connotación pública. Esta idea no tuvo una buena acogida desde la Asociación de Fiscales.
“Determinar lo que es un imputado de alto perfil es una cuestión que puede ser bastante arbitraria, por un lado, que además atenta contra la igualdad ante la ley. Hay también un tema con la Ley Orgánica del Ministerio Público: el fiscal nacional, la Fiscalía Nacional, no lleva causas”, criticó el presidente de la organización, Claudio Uribe.
El comité resolutivo propuesto por Abbott estaría integrado por el fiscal regional que lleve el caso, el fiscal nacional y tres fiscales elegidos al azar.
