El Consejo Para la Transparencia (CPLT) instruyó fiscalizar a la Municipalidad de Quintero luego que se conociera la filtración de imágenes de una mujer besándose en una plaza grabadas con cámaras municipales.

Las imágenes fueron captadas el 17 de marzo de este año por una cámara de vigilancia municipal, posteriormente fueron enviadas a su marido vía celular.

Lo anterior precipitó el quiebre definitivo de su matrimonio, por lo que la mujer exige que se investigue lo ocurrido.

En ese sentido, el CPLT informó que son los municipios los responsables legales del tratamiento y resguardo de este tipo de datos personales, que permiten individualizar a la persona.

De acuerdo al presidente del Consejo, Marcelo Drago, casos como éste permiten “demostrar que hubo abuso de los datos personales de una mujer” y subrayan la necesidad que el país tiene de contar con un marco regulatorio adecuado para proteger a la ciudadanía ante vulneraciones como ésta, lo que no ocurre con la normativa actual.

En la misma línea, anunció una fiscalización a la Municipalidad para establecer responsabilidades en materia de tratamiento y resguardo de datos personales.

“Se evidencia un abuso de datos personales de una mujer en manos de terceros sin escrúpulos ni criterio, que pueden afectar los derechos de una persona de mantener el control sobre sus datos personales, como es el caso de la imagen de su rostro”, explicó el titular de Transparencia.

De acuerdo a la ley vigente –que data de 1999-, es el CPLT el órgano que garantiza el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos en entidades públicas, y recordó que hace poco más de dos años el Consejo envió a todos los municipios del país un oficio con recomendaciones para el uso de drones, globos y otros sistemas de televigilancia en la vía pública con orientaciones para su correcto uso.

“Las sugerencias que enviamos a las municipalidades apuntaban a evitar comportamientos como éste, que no pueden quedar sin sanción”, recordó el representante del CPLT.

Explicó que respecto de las imágenes que se captan a través de cámaras de vigilancia municipales u otras tecnologías “son los municipios los responsables legales del tratamiento de datos personales, aunque sea un tercero el que haga los registros o trate la información, y están obligados a hacer cumplir con una serie de protocolos de seguridad y tratamiento de los datos, lo que no ocurrió en este caso”.

Drago agregó que “la finalidad de este sistema de televigilancia, como el de otros, es la seguridad de la población, lo que es positivo. Pero acá vemos cómo se vulneró el derecho a la protección de datos personales, reconocido por la Constitución y la ley, de una persona que no cometió delito alguno”.