Desde la oposición, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez cuestionaron la decisión del Gobierno de buscar bajar la edad mínima para el control preventivo de identidad y advirtieron que no se le puede entregar nuevas atribuciones a Carabineros cuando están en duda las operaciones policiales.
El control preventivo de identidad a adolescentes y la autorización a las policías para registros preventivos son los dos puntos que el Gobierno busca impulsar en el Congreso, como parte de las herramientas para fortalecer, según ellos, el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Según expresó el lunes la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, el Ejecutivo intentaría impulsar la rebaja de la edad necesaria para el control preventivo de identidad hasta los 14 años.
Sin embargo, este martes el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que eso está todavía en evaluación.
“Estamos en un análisis si son 14 o 16 años”, aseguró Chadwick. “Hay que pensar también que hay muchos jóvenes, lamentablemente, que están dentro del mundo de la delincuencia, y tenemos que proteger a todos los demás ciudadanos”.
De acuerdo a Chadwick, se trabajará con protocolos claros sobre cómo deben actuar los uniformados.
La iniciativa desde ya es cuestionada por personeros de la oposición, con varios argumentos de por medio. Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista (PS), explicó que es inútil la propuesta que trabaja La Moneda, puesto que actualmente el artículo 85 del Código Procesal Penal entrega facultades a las policías para ello.
“Establece que las policías pueden controlar la identidad, revisar mochilas, e incluso hasta detener a menores de edad que se encuentran con actitudes sospechosas de haber cometido o disponer a cometerse alguna falta o delito”, argumentó Soto.
“Es decir, el control de identidad a menores ya existe, y por lo tanto es inútil. Segundo es peligroso. Se hace esta propuesta cuando existe la mayor crisis en Carabineros en cuanto a control de sus operaciones policiales”, criticó el parlamentario.
Por su parte la diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz, manifestó que la posición del Gobierno se vuelve aún más insostenible tras el caso Catrillanca.
“Cuando el país está en conmoción nacional por el asesinato de Camilo Catrillanca, resulta completamente improcedente pretender entregarle mayores facultades a Carabineros de Chile. Es entrar en el marco de un Estado policial”, fustigó Hertz.
Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo en el que aseguran que no están en contra de los controles preventivos de identidad, explicaron que la medida en sí que se ha ido conociendo por parte del Ejecutivo atentaría contra los acuerdos internacionales de protección de la infancia.
“Aquí hay que prevenir la presencia de arbitrariedades, por lo tanto tienen que haber indicios, no puede ser tan arbitrario, menos en niños que están resguardados por la Convención Sobre los Derechos del Niño”, expresó Consuelo Contreras, directora del INDH.
“Lo que se plantea en términos generales a nosotros nos parece que va en contra de los estándares internacionales en derechos humanos en relación con la infancia y la adolescencia, que más bien tienen que ver con una labor obligatoria del Estado de prevenir la vinculación de los adolescentes con hechos delictivos”, manifestó por su parte Patricia Muñoz, defensora de la Niñez.
La propuesta sería enviada prontamente al Congreso, como una de varias iniciativas que la administración Piñera pretende sacar adelante como herramientas en materia de seguridad pública. Otro de los puntos que están trabajando en La Moneda es convencer u obligar a Carabineros y la PDI para que se traspasen entre ellos las bases de datos.
