Hace un mes el Gobierno presentó el proyecto de ley de delitos ambientales que ya está en el Senado y podría comenzar su tramitación legislativa en marzo.
La iniciativa propone penas de cárcel para quienes cometan ese tipo de delitos, sanciones a las empresas responsables y otorga más atribuciones fiscalizadoras a la Superintendencia de Medio Ambiente.
Sin embargo, el texto ya cuenta con un primer rechazo: se trata de un informe de la Corte Suprema que cuestionó la iniciativa que, respecto del último punto, aseguró que “los delitos de acción penal pública deben investigarse por el Ministerio Público”.
El director Ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa, planteó que no conviene que la Superintendencia del ramo tenga la exclusividad en la persecución de los delitos.
La Suprema además fustigó que en el proyecto la “definición de la conducta penalmente relevante es tan amplia que es imposible, a partir de su sola lectura, discernir qué conductas son potencialmente criminales y cuáles no”.
El exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, instó a que se revise el proyecto, tras conocerse el informe del tribunal supremo.
El senador del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, perteneciente a la comisión de Medio Ambiente, adelantó que buscarán aprobar otras iniciativas legislativas concordantes con lo dispuesto por la Suprema.
Mediante una declaración por escrito, el Ministerio de Medio Ambiente manifestó que “valoramos todas las opiniones que puedan enriquecer el proyecto, legislación que consideramos fundamental para avanzar en un Chile más sustentable”.
