El proyecto de reforma al Código de Aguas ha tenido un lento trámite en el Congreso. Ingresó a la Cámara de Diputados en noviembre de 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y casi seis años después -en noviembre de 2016- recién pudo terminar su primer trámite luego que la agenda de la administración Bachelet le diera un pequeño reimpulso. Y desde entonces se encuentra en el Senado.
Se trata de una problemática que afecta directamente a pequeñas localidades en todo el país, que periódicamente tienen que esperar suministro de agua mediante camiones aljibe; o bien, en otros sectores viven junto a grandes proyectos mineros o desarrollos agrícolas que los obligan a vivir en una sequía permanente.
En base a dicha situación, entre otras cosas, la iniciativa propone la utilización del agua como primera prioridad para consumo humano, que tenga carácter público, para así terminar con la idea de que el agua es una cuestión privada, tal como lo establece actualmente el cuerpo legal.
Tras el primer paso en 2016, y pese a la situación de emergencia que se vive en muchas localidades, la Cámara optó por mantener que los actuales derechos de aguas mantengan su condición de indefinidos, aunque inicialmente algunos sectores habían intentado que a estos también se les pusiera una fecha de término.
Eso sí, el cambio se fijó para los nuevos permisos, que una vez otorgados -a partir del día que el proyecto salga del Congreso y sea ley- tendrán una duración de 30 años. Así está hasta el momento la iniciativa.
“Se establecen causales de caducidad por la no utilización de los derechos de agua. Se establecen causales de extinción respecto de los antiguos derechos si no se inscriben en el nuevo catastro de aguas”, explicó el diputado Matías Walker (DC), haciendo hincapié en los principales puntos de la iniciativa que la Cámara Baja despachó al Senado.
¿Perpetuo o indefinido?
Por eso los dichos -emitidos el domingo a Pulso- del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, generaron polémica. Sin hablar de perpetuidad, el secretario de Estado expresó la definición del Ejecutivo: se mostró a favor de mantener el carácter de indefinido de los actuales derechos de agua, pero también de los nuevos, dejando -al menos en ese punto- la normativa sin cambios. “Tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos de agua va a seguir siendo dueño”, admitió.
En ese contexto, el acaparamiento de derechos de aguas ha sido uno de los temas centrales en el debate. El punto es: cuántos han hecho uso correcto y eficiente de los derechos, que se obtienen de manera gratuita ante la autoridad, pero que posteriormente se pueden tranzar en el mercado (por ejemplo, a proyectos mineros) obteniendo cifras millonarias. Por esa razón se habla de especulación en el uso de dichos recursos.
Así las cosas, Fontaine salió a aclarar sus dichos en el periódico este lunes, donde se señalaba que uno de los ejes apuntaba a establecer la perpetuidad de los derechos. En definitiva, aseguró que él no usó esa palabra, pero que sí la idea es mantener el carácter de derechos indefinidos.
Para eso se va a mantener -en parte- la misma lógica del proyecto: no se tocarán los derechos ya asignados y en los nuevos se aplicará una licitación -pago mediante- para otorgarlos, pero no a 30 años como se ha discutido hasta ahora, sino que de forma indefinida.
Aunque con una salvedad: “Se excluyen de ese pago pequeños agricultores y los sistemas de Agua Potable Rural”, aseguró el ministro.
Camión de indicaciones
Rápidamente, los cambios generaron escozor en los parlamentarios de oposición, sobre todo entre los miembros de la Comisión de Agricultura y la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, por donde ha pasado el proyecto en su segundo trámite.
Puntualmente, acusan al ministro Fontaine de querer impedir el ya lento y largo avance de la reforma al Código de Aguas tras ingresar 126 indicaciones al proyecto, lo que en la práctica -según los legisladores- retrasará más aún el trámite legislativo. De hecho, ante la complejidad de la iniciativa, se hace poco probable que se cierre su discusión antes que termine el segundo gobierno de Piñera.
“Esto es una tensión legislativa innecesaria. Esto significa que no vamos a tener reforma al Código de Aguas en muchos años”, advirtió la senadora Adriana Muñoz (PPD).
En tanto, el senador socialista Alfonso de Urresti sostuvo que -bajo este escenario- el ministro Fontaine se pone del lado de los especuladores del agua y no considera la gravedad de la escasez hídrica que afecta a varias regiones del país.
“Muy malas las declaraciones del ministro de Obras Públicas. Es no entender lo que significa nuestra sociedad, el cambio climático y la escasez de recursos hídricos”, acusó.
Con todo, Fontaine señaló que la discusión -que tendrá lugar a partir de marzo en el Senado- se resume en 9 aspectos fundamentales para enfrentar la inseguridad hídrica; entre ellos, priorizar el agua para el consumo humano, prioridad de conservación del recurso y limitaciones de uso en casos de sequía, escasez y sobre explotación de acuíferos.
