El Consejo Para la Transparencia (CPLT) valoró positivamente el proceso de revisión que inició la Contraloría General de la República (CGR) en torno a la compra de pasajes de Carabineros y Fuerzas Armadas.
Esto, luego que desde la CGR confirmaran a La Tercera el inicio de un proceso de auditoría, “referente al gasto en pasajes y viáticos ejecutado en el Ejército, y en las demás ramas de las Fuerzas Armadas”.
En esa línea, desde la entidad fiscalizadora precisaron al rotativo que ya se requirió formalmente a esas instituciones para que entreguen información de esa materia.
Esta mañana el presidente del CPLT, Marcelo Drago, tras valorar el inicio del proceso, apuntó a adoptar medidas de prevención de la corrupción contenidas en las herramientas de la transparencia y llamó a legislar sobre la materia para que instituciones como las FFAA tengan obligatoriedad de publicar este tipo de compras.
“Las auditorias que se han anunciado creemos que son positivas, cada órgano fiscalizador toma las medidas que considera adecuadas al momento pertinente (…) Si hubiera habido transparencia activa en los viajes, en este sector, esto no hubiera sucedido”, subrayó Drago.
En ese sentido agregó que “es mucho más definitivo pensar en reformas legales que abran a la transparencia, que todos seamos fiscalizadores de los gastos públicos que se realizan en este sector del Estado”.
“Turismo militar”
A lo largo del año pasado se conoció un sistema que estaba “naturalizado” en el Ejército para concretar, con dinero del Estado, viajes de turismo por todo el mundo, en el marco de la investigación por supuesto fraude al Fisco en el interior de la institución castrense.
En las diligencias que lleva a cabo la ministra en visita, Romy Rutherforth, para indagar los supuestos fraudes que se materializaban a través de viajes de turismo irregulares por parte de funcionarios de la institución.
En junio se supo además una arista que involucraría a civiles que trabajaban en las agencias de turismo que gestionaban los pasajes aéreos, hoteles y tours que realizaban los uniformados.
Así, existía un mecanismo o sistema preestablecido, reconocido y utilizado por gran parte de los militares, el cual fue reconstruido por la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la Policía de Investigaciones (PDI) que trabaja en las diligencias ordenadas por el persecutor.
