El Ministerio de Educación confirmó el inicio de un proceso de investigación contra la Universidad del Pacífico, luego que un grupo de funcionarios se autodespidiera por el no pago de sus sueldos.

Estos problemas financieros se agudizaron en marzo de 2017, luego que la universidad perdiera la acreditación y no iniciara un nuevo proceso.

Ha sido la propia comunidad académica la que se ha encargado de advertir a los 2.300 estudiantes de la institución de educación superior, de la crisis financiera que atraviesa el plantel privado y que los afecta de manera directa, ya que sus sueldos y cotizaciones laborales se encuentran impagas, en algunos casos, hasta por 6 meses.

Así lo manifestó la mamá de una de las estudiantes que se contactó con Radio Bío Bío, con el objetivo de hacer público los problemas que enfrenta el plantel y la incertidumbre que ha generado en las familias de los alumnos.

“Hoy día los niños no están en clases. Entiendo que hay profesores que se han ido de la universidad. La situación es crítica. De hecho, por parte del profesorado a alumnos, se ha aconsejado no hacer el ingreso para las matrículas 2019. Quisiera que la dirección de la Universidad fuera honesta para decirnos ‘saben, esta es la situación’, no un vaivén a estas alturas del año”, lamentó.

Muchas de estas universidades son problemas que han venido arrastrados por años. Nosotros apenas asumimos, nombramos a un superintendente de Educación
- Marcela Cubillos, ministra de Educación

Estas dificultades económicas están en conocimiento del Mineduc, que a través de la División de Educación Superior, inició un proceso de investigación en contra de la Universidad del Pacífico, con el propósito de recabar todos los antecedentes que permitan tomar medidas.

Según fuentes consultadas, la indagatoria se inició tras el autodespido de funcionarios ante el no pago de sueldos y cotizaciones laborales, en algunos casos hasta por 6 meses; problemas financieros que se agudizaron en marzo de 2017, luego que la universidad perdiera la acreditación y no iniciara un nuevo proceso.

El presidente del directorio de la Universidad del Pacífico, Pablo Ortúzar, sostuvo que este jueves darán a conocer la posición oficial del plantel.

“De aquí al jueves la universidad va a tener un planteamiento formal respecto de los caminos de acción, entendiendo que nosotros ya nos reunimos con el jefe de Educación Superior informando la situación, y nos hemos dado un plazo para entregar una información oficial”, indicó.

Pese al hermetismo con que han tratado el tema en la universidad, los estudiantes indicaron que ya han empezado a ver opciones para emigrar del plantel.

“No sabemos si la universidad va a tener financiamiento para seguir el otro año, no sabemos si va a pasar a manos del Ministerio o no, (…) buscando otro lado para poder irse”, señalaron los alumnos.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, confirmó que la División de Educación Superior está en conocimiento de lo que ocurre en la Universidad del Pacífico, agregando que las crisis financiera que afecta a diversos planteles privados, fue una de las razones por las que se nombró a un superintendente de Educación Superior.

“Muchas de estas universidades son problemas que han venido arrastrados por años. Nosotros apenas asumimos nombramos a superintendente de Educación porque nos interesa que cuanto antes esté en funcionamiento la institucionalidad, para que pueda ayudar a futuro que situaciones como estas no se vuelvan a producir”, indicó.

La decisión del Mineduc se da justo cuando la Universidad del Pacífico estaba a la espera de que la Comisión Nacional de Acreditación revise sus antecedentes para la certificación, algo que podría no ocurrir tras el inicio de esta investigación.

Tras los autodespidos, cabe la posibilidad de que los funcionarios pidan la quiebra del plantel si no se pagan sus deudas, lo que de concretarse, daría pie al cierre inevitable del plantel privado que tiene 42 años de historia, siguiendo la suerte de la Universidad del Mar, Arcis e Iberoamericana.

La Universidad del Pacífico está en crisis. Solo en 2017 esta casa de estudios tuvo más de dos mil millones de pesos en pérdidas. Eso más la baja sostenida de matrículas ha generado que funcionarios se estén autodespidiendo y otro grupo de trabajadores se conforme con recibir parte de su sueldo. En medio de todo, los estudiantes comienzan a sentir una gran incertidumbre por su futuro.

Sebastián Brogca | Agencia UNO
Sebastián Brogca | Agencia UNO

Iberoamericana

El decimonoveno Juzgado Civil de Santiago declaró, nuevamente, la quiebra de la Universidad Iberoamericana -luego de anularse el proceso anterior-, y cambió al liquidador inicial Cristián Herrera -quien ya había desempeñado la misma función en la Universidad del Mar y Arcis-, por Eduardo Godoy Hales, quien pasó de ser suplente a titular.

Se espera que en aproximadamente 30 días más se realice la primera junta de acreedores, donde se deberá ratificar al liquidador y establecer la manera en que se venderán los bienes de la universidad, para pagar las deudas.

Postura que chocará con las pretensiones del Ministerio de Educación y el administrador de cierre de la Universidad Iberoamericana, Jorge Rojas, que buscan declarar como bienes esenciales los inmuebles del plantel, punto al que se opondrán “férreamente” los acreedores, como lo sostuvo el abogado de un grupo de ellos, Octavio Azócar.

“Los fondos que son para los trabajadores deben ir íntegramente ahí, además en este caso la universidad Iberoamericana ya tiene un convenio firmado con la Universidad de Santiago, por ende la continuidad de los alumnos ya está asegurada, donde el Ministerio debiera aportar los fondos necesarios para aquello”, dijo.

Según el abogado Azócar, el tribunal había acogido un requerimiento del administrador de cierre, para disponer de recursos para la operatividad de la universidad, algo que posteriormente fue revertido por quienes pidieron la quiebra.

Sobre una posible solicitud de continuidad de giro, el abogado que representa trabajadores autodespedidos, adelantó que también se opondrán, argumentando que los estudiantes tienen garantizado el término de sus carreras, según lo dispone el convenio que firmó el Ministerio de Educación con la Universidad de Santiago.