Todo se podría zanjar este viernes. El presidente Sebastián Piñera tendrá en sus manos, esta jornada, la propuesta del Ejército para el nuevo alto mando de la institución de cara a 2019.
El comandante en jefe de dicha rama castrense, el general Ricardo Martínez, se reunió durante la tarde del jueves con el ministro de Defensa, Alberto Espina.
Tal como lo prometió, en el encuentro le entregó el listado con la propuesta de los nombres que deberían integrar el alto mando del Ejército 2019.
El titular de la cartera le entregará la lista durante esta mañana al presidente Piñera, quien podría incluso en esta jornada confirmar al nuevo alto mando del Ejército.
Lo anterior, tras un reforzado chequeo de nombres del mandamás del Ejercito, para evitar que aparezcan eventuales procesados en las investigaciones por presunto fraude en la institución.
Oficiales en la mira
La preocupación no es casual. 584 oficiales y suboficiales de la institución son potenciales imputados en una indagatoria que poco a poco comenzó a tomar fuerza. Aunque tuvo un inicio incipiente: las sospechas de fraude en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) comenzaron gracias a una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó gastos improcedentes por 660 millones de pesos en las instalaciones del Ejército en Coyhaique.
Ahí salieron a la luz viáticos adulterados, comisiones de servicios falsas, gastos de representación irregulares y pagos por servicios inexistentes que tenían su origen en una inusual forma de recompensar a los beneficiarios del FAM de oficiales y suboficiales, que se encontraba en quiebra.
Tras una querella del CDE por el delito de fraude al fisco, se designó al fiscal de Aysén Carlos Palma, quien ha realizado allanamientos e interrogatorios. Entre ellos ha estado el actual comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez y exministros de defensa como Francisco Vidal.
El persecutor aclaró que esta cooperativa ya no está operativa en el Ejército y actualizó el monto de dicho fraude.
“Originalmente en la querella del CDE se hablaba de un monto, que correspondía a los años 2015 y 2016. Hoy, con los antecedentes que tenemos, supera los 3.000 millones de pesos, pero es un monto que va a ir variando sin duda a propósito del término de la investigación, de ir afinando las aristas”, admitió.
También actualizó la cifra respecto a los imputados. “En calidad de imputado originalmente eran 109 personas, pero tenemos un marco de 584 personas que son los beneficiarios del fondo que podrían tener la calidad de imputados, además de oficiales y suboficiales que podrían haber participado en la toma de decisiones e implementación de medidas para desviar fondos fiscales”, remarcó.
Y la cifra podría seguir aumentando si detecta a otros militares responsables del desfalco.
