En su recta final entró el proceso de acusación constitucional que afecta a tres ministros de la Corte Suprema, a quienes se les imputa “notable abandono de deberes” por dar la libertad a reos de Punta Peuco.

Este lunes se presentan los nueve juristas propuestos por la defensa de los supremos acusados, para declarar ante la comisión que evalúa la acusación constitucional.

Mientras, el próximo jueves, dicha instancia emitirá su informe sobre su viabilidad, para que el viernes la sala de la Cámara resuelva si los acusa ante el Senado.

Según el poder judicial, los exagentes de la dictadura accedieron a la libertad condicional porque la legislación chilena no niega ese beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó los fallos y recordó que en casos de crímenes de lesa humanidad, recomienda a los tribunales abstenerse de suprimir sentencias.

Al respecto, la diputada comunista Carmen Hertz, impulsora de la demanda contra los jueces, sostuvo que en Chile se ha hecho “una relativización evidente de los crímenes de exterminios, por lo tanto, el balance que podemos hacer en esta materia es mísero”.

Entre los juristas propuestos por la defensa se encuentran el actual presidente de la tercera sala de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, el expresidente del tribunal máximo del país, Milton Juica, y los abogados de víctimas de violaciones a los derechos humanos, Héctor Salazar y Luciano Foulliaux.

El presidente de la comisión que evalúa la acusación, el diputado socialista Leonardo Soto, cuestionó la presencia de Muñoz, pues ha sido un férreo defensor de los tres acusados.

Para el parlamentario, el que sea un ministro activo del tribunal máximo del país, genera un conflicto de interés.

“Numerosos ministros, exministros de Justicia y expresidentes, intentan forzar a la Cámara de Diputados a rechazar esta acusación constitucional hasta sin fundamentos que lo respalden. Pero bueno, es una decisión que adoptan las defensas”, sostuvo.

El defensor de uno de los acusados, el abogado Jorge Correa Sutil, que representa al ministro Manuel Valderrama, dijo que es necesario que los diputados escuchen la voz de la Corte Suprema.

“En general los países del mundo han condenado a los jerarcas de las violaciones a los derechos humanos, y en Chile hemos avanzado más allá de eso y a mi me parece bien”, argumentó.

“La Corte Suprema ha hecho esos avances a pesar de que el decreto de Ley de Amnistía no ha sido derogado, ni modificado, y por lo tanto sus inquietudes deben ser escuchadas por los parlamentarios”, sentenció.

“En general los países del mundo han condenado a los jerarcas de las violaciones a los DDHH, y en Chile hemos avanzado más allá de eso
- Jorge Correa Sutil

En la “cuestión previa” para que se declare inadmisible la acusación, las defensas de los tres acusados desecharon recurrir al supuesto vicio por la firma del libelo de la diputada comunista Carmen Hertz, tal como lo pidió la UDI.

Tras el rechazo de la mesa a pronunciarse sobre esta presunta inhabilidad por tratarse de una víctima de la dictadura, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Lorena Pizarro, cuestionó a los diputados gremialistas que impulsaron la idea, Javier Macaya y Renzo Trisotti.

“Yo quisiera saber si estos diputados van a tener la decencia de mirar a la cara a Carmen Hertz, cuando se crucen en este Parlamento, después de la canallada que han hecho, porque hay límites para defender sus infamias”.

Este lunes la comisión analizará los antecedentes y el miércoles, en Valparaíso, desde las 11:00 horas, comenzarán a trabajar en el informe que será presentado al otro día para que el viernes sea votado en la sala el destino inmediato de los supremos Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Kunsmuller.

“Yo quisiera saber si estos diputados van a tener la decencia de mirar a la cara a Carmen Hertz”
- Lorena Pizarro

Hasta mediados de 2017, en nuestro país existían un total de 1.328 causas penales por crímenes contra los derechos humanos en tramitación en los tribunales chilenos, de acuerdo a un Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, unas 3.200 personas murieron o desaparecieron, mientras que unas 38.000 fueron torturadas, de acuerdo a registros oficiales.

Esta nota se elaboró con información del periodista de Radio Bío Bío, Erik López, y de Agencia France-Presse