El 19 de abril, el diputado Ignacio Urrutia (UDI) provocó la ira de la diputada Pamela Jiles (PH) tras calificar a quienes fueron víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura como terroristas en el marco del retiro del proyecto de Bono Valech por parte del Gobierno, medida que les entregaría $3 millones como indemnización.
En la ocasión, que produjo la salida de las bancadas del Frente Amplio y los comunistas, Jiles cruzó el hemiciclo y encaró al legislador oficialista, dimes y diretes que terminaron con una sanción económica para ambas partes, decisión que fue votada unánimemente por la Comisión de Ética de la Cámara, con los votos frenteamplistas de Vlado Mirosevic (Liberal) y Renato Garin (RD), sumado al del ex Nueva Mayoría, Tucapel Jiménez (PPD).
Este jueves, Mirosevic le pidió disculpas públicas a Jiles a propósito de haber concurrido con su voto a establecer una sanción económica en su contra por haber increpado al diputado gremialista por sus dichos negacionistas.
No obstante, Jiles anunció que no las aceptaría, porque no las ha recibido de manera formal, y dijo esperar un acto de consecuencia como el que tuvo Jiménez, quien renunció durante esta jornada a la Comisión de Ética de la Cámara por haber apoyado la moción.
A través de una declaración, Jiménez sostuvo que está disgustado consigo mismo por no haber emitido un voto contrario a la decisión de la instancia, que multó a Jiles con 18 mil pesos -según dijo Mirosevic al programa Expreso Bío Bío- y a Urrutia con 638 mil pesos.
La renuncia de Mirosevic a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Jiles como miembro de la Comisión de Familia se dan en medio de una serie de cuestionamientos internos al interior del Frente Amplio por la posición del conglomerado en materia de Derechos Humanos.
