Make Mexico Burn Again

El sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón se caracterizó por una guerra abierta contra el narcotráfico. La desconfianza en la policía mexicana por parte del gobierno conllevó a la militarización del país. El ejército enfrentó a los organizados y violentos carteles generándose una situación social extrema.

La violencia llegó a límites insospechados multiplicándose los casos de homicidios y violaciones de los derechos humanos. El caso más icónico fue el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De hecho, el gobierno de Calderón fue muy criticado por la oposición expresando que “México se había convertido en un cementerio”.

Este escenario dejó una serie de aprendizajes políticos en materia de seguridad ciudadana. En primer lugar, la utilización del ejército para combatir al narcotráfico solo genera un mayor nivel de violencia y diversas violaciones de los derechos humanos (el Ecuador de Álvaro Noboa corrobora esta hipótesis).

Por otro lado, no puedes descabezar a los líderes de los cárteles porque la disputa de los segundos en la línea de mando por el poder genera ríos de sangre en las calles con un alto nivel de víctimas colaterales en la población civil.

Y, por último, el narcotráfico está muy bien estructurado y organizado para abordarlo únicamente desde un conflicto frontal en el espacio público.

La ejecución del narcotraficante libre más buscado, Nemesio Oseguera conocido por el “Mencho”, ha rememorado y recorre la sombra de la posibilidad de derivar la situación social del gobierno de Calderón. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha celebrado la operación como un éxito, dejó una oleada de violencia en diversos estados de México con diversos bloqueos e incendios en las infraestructuras de transporte y asesinatos, entre los que destaca el coche bomba del capitán de la Guardia Nacional, Leonel Cardoso Gonzáles.

Sin embargo, este operativo esconde una cuestión mayor detrás. No es únicamente la violencia que se desató o podría desatarse con mayor virulencia en los próximos meses o años. También están las diversas amenazas que ha lanzado Trump contra la soberanía nacional de México.

De las diversas declaraciones que Trump ha dirigido a México, quiero que nos enfoquemos en una que anunció cuando fue el secuestro de Nicolás Maduro: “México deberá enfrentar la crisis del narcotráfico o lo haremos nosotros”.

Esta declaración fue comentada en su momento como otra amenaza a la soberanía nacional de un país, pero se perdió en el tiempo. Es relevante retomarla porque en la conferencia de prensa del gobierno de México encabezada por Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desvelaron que la operación contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue gracias a la colaboración e información proporcionado por el gobierno de Estados Unidos.

El escenario que se va a describir es hipotético, pero es una posibilidad. Cuando Estados Unidos le proporcionó esta información, el gobierno de Trump estaba atento a ver qué hacían con dicha información, poniendo a Sheinbaum en una tesitura social y política. Esta situación le sometía a un falso dilema al gobierno mexicano.

Es decir, Estados Unidos vigilaba que se coordinara un operativo al respecto, sino -como decía Trump- asumirían el control de la lucha contra el narcotráfico. Y, como él mismo dice, cumple sus amenazas.

Por tanto, se coordinó la ejecución de la operación que resultaría con el abatimiento del líder de CJNG sabiendo el gobierno mexicano que a corto o medio plazo se desataría la violencia en el país. Se incumplen todos los aprendizajes de la época de Calderón.

Según cómo evolucione el escenario social en México, puede ser una oportunidad para Trump para atropellar de nuevo el principio liberal de la soberanía nacional y hacerse cargo de la lucha contra el narcotráfico en México.

Mientras tanto, el debate mediático y social en Chile ha sido sobre el cable con China y la reacción de negarles la visa estadounidense a integrantes del actual gobierno de Boric.

Es llamativo que la atención esté centrada en el cable cuando en los últimos años se ha remarcado en diversos canales analógicos y redes digitales que existe una imperante crisis de seguridad ciudadana en el país, especialmente por líderes de opinión que ahora entran en el nuevo gobierno de José Antonio Kast.

Incluso se llegó a insinuar que el narcotráfico estaba en las estructuras institucionales políticas de Chile. Algo que si comparamos a México vemos que es prácticamente improbable. Si algún político hace declaraciones contra el narco, al día siguiente está muerto. Si algún periodista escribe una columna contra el narco, al día siguiente está muerto. Si se hace un operativo contra algún grupo, al día siguiente hay represalias. Es decir, parece que se ambiente de inseguridad ciudadana no estaba tan presente como se vaticinaba hace unos meses atrás.