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En cambio, sí se cuestionó con dureza una actividad realizada fuera del horario laboral, en un espacio privado y sin utilización de recursos públicos.
Hace unas semanas escuchamos al aún presidente de la República, Gabriel Boric, calificar como “la persona más descriteriada que ha conocido” al exdirector del SLEP de Atacama, por haber organizado una actividad de conmemoración del quinto aniversario de dicho servicio —y de fin de año— ¡sin comprometer un solo peso de recursos públicos!
Más aún, expresó con evidente desdén: “Qué bueno que lo echamos”, desinformando y contradiciendo incluso lo señalado por su propio ministro de Educación, quien había indicado que renunció voluntariamente, lo que es evidentemente distinto.
Más allá de lo cuestionable que resulta que el Presidente de la República utilice su investidura para descalificar personalmente a alguien que él mismo designó, lo verdaderamente grave es la paradoja que deja en evidencia: quien tiene el deber principal de resguardar los recursos públicos termina castigando, con sus palabras, a quien los cuidó, y protegiendo —con silencio o justificaciones— a quienes lo incumplen.
En efecto, el legado del actual mandato parece estar marcado por episodios como “Gas a Precio Justo”, donde un cilindro alcanzó un costo cercano a los $117 mil, mientras en el mercado se encontraba alrededor de $17 mil; el “Caso Convenios”, que involucró más de $65 mil millones; la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, con un gasto superior a $1.200 millones; la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, por cerca de $992 millones, a lo que se sumarían aproximadamente $500 millones anuales para su mantención como museo; la falta de denuncia oportuna tras conocerse el caso Monsalve; pagos por más de $6 mil millones en servicios cuestionados por la Contraloría General de la República; el pago de PMG a Altas Autoridades, incluido el mismo Presidente, regidos por el art. 38 bis de la Constitución; y los reiterados “errores” en la formulación del presupuesto público por parte de sus propias autoridades.
En ninguno de estos casos se escuchó una descalificación personal ni una reflexión severa sobre el criterio aplicado al momento de gastar —o malgastar— recursos de todos los ciudadanos.
A lo sumo, se habló de errores, de desconocimiento de la normativa o, cómo no, de actuaciones realizadas “de buena fe”.
En cambio, sí se cuestionó con dureza una actividad realizada fuera del horario laboral, en un espacio privado y sin utilización de recursos públicos.
Todo ello, acompañado de un ataque directo del mandatario, quien afirmó, ante la prensa y una amplia audiencia: “Qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido a una persona más descriteriada. De los descriterios más grandes que he visto”.
¿Será por eso que, al contratar a su abogado defensor penal privado —por un monto superior a $13 millones—, se optó por cargar dicho gasto al erario fiscal y no al propio patrimonio, como cabría esperar?
Resulta, al menos, preocupante que para el máximo mandatario del país resguardar los recursos públicos pueda ser motivo suficiente para desprestigiar a alguien tildándolo como “descriteriado”, mientras que cuando esos mismos recursos se ven comprometidos, la reacción es distinta: cerrar filas, construir un relato y, finalmente, justificar lo injustificable bajo la cómoda y tan manoseada etiqueta del “error de buena fe”.
