Un nuevo escrito se ha sumado a la causa por la tragedia en la mina El Teniente ocurrida el 31 de julio de 2025, que terminó con la vida de seis trabajadores. El documento consiste en la ampliación de una querella ingresada en agosto, pero que hoy busca perseguir la responsabilidad penal del directorio, los ejecutivos y la estructura organizacional de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la Constructora Gardilcic.
La ampliación transforma el caso de un cuasidelito de homicidio por negligencias operativas en que la acusación caía sobre responsables directos de la tragedia, a una investigación por un potencial delito económico basado en la ley que permite perseguir penalmente a directivos y ejecutivos por hechos ocurridos en el ejercicio de sus cargos.
De comprobarse la responsabilidad de las empresas en el fallecimiento de los trabajadores, bajo esta legislación ejecutivos nombrados en la querella podrían incluso enfrentar penas de cárcel. Estos son: Máximo Pacheco Matte –Presidente Ejecutivo de Codelco–, Andrés Music Garrido –ex gerente general de la División El Teniente, en el cargo al momento del accidente– y Fernando González Miranda –Representante de la Constructora Gardilcic–.
La ampliación incorpora tres nuevos antecedentes correspondientes a informes, auditorías y resoluciones, que darían cuenta de deficiencias estructurales de gobernanza de las compañías, el ocultamiento deliberado de información crítica –que llevó al despido de 3 ejecutivos– y fallas en el sistema corporativo de control de riesgos al momento del accidente en El Teniente.
El escrito fue presentado por el abogado Christian Berndt Castiglione, quien representa a la familia del joven rancagüino Jean Miranda Ibaceta (31), uno de los mineros fallecidos en la tragedia.
Consultados por Radio Bío Bío, desde la estatal informaron que: “Codelco continúa colaborando activamente con todas las diligencias investigativas que el Ministerio Público mantiene en curso, así como también hemos puesto a disposición todos los antecedentes disponibles para aportar a la investigación y aclarar lo sucedido en el accidente fatal de El Teniente”.
“Cabe señalar que gran parte de lo que menciona la ampliación de la querella fueron antecedentes obtenidos por Codelco a partir de sus propias investigaciones y auditorías, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público por la propia Corporación”, agregaron.
Responsabilidades y omisiones en El Teniente
El escrito admitido el pasado 27 de febrero por el Juzgado de Garantía de Rancagua busca que el Ministerio Público investigue no solo el cuasidelito de homicidio derivado del derrumbe en El Teniente, sino también la eventual responsabilidad penal de carácter económico de los ejecutivos y órganos corporativos de Codelco. Esto, a la luz de tres nuevos antecedentes.
En primer lugar, el documento hace referencia a un Informe de Consultoría Internacional encargado por Codelco luego del accidente en El Teniente el 31 de julio de 2025, y que fue conocido por el directorio de la compañía el pasado 12 de febrero.
Según el escrito, este informe habría concluido que en la época de la tragedia existían “graves y persistentes deficiencias de gobernanza a nivel corporativo”, falencias que habrían llevado al Directorio incluso a implementar una reorganización de su modelo de gobierno, “decisión que supone un reconocimiento explícito de la inadecuación de los mecanismos de dirección, supervisión y control que se encontraban vigentes en la empresa al momento en que ocurrió el accidente del año 2025”, se lee en la ampliación.
Como indicador específico, el abogado indica que el Directorio decidió integrar por primera vez la función de Seguridad y Salud Ocupacional al Comité Ejecutivo, “medida que evidencia que dichas materias no habían sido previamente incorporadas con el debido peso decisional”, argumenta el abogado.
En segundo lugar, el escrito hace alusión a una auditoría interna de Codelco solicitada en enero de 2026, a raíz del hallazgo de inconsistencias y ocultamientos en la información técnica enviada al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) tras otro accidente ocurrido en julio de 2023.
De acuerdo a lo argumentado por Berndt, este ocultamiento no sería un hecho aislado sino que formaría parte de una “cadena de omisiones” que habría afectado la eficacia real de los sistema de gestión y control de riesgos al momento de producirse el accidente dos años posterior, impidiendo así mismo que SERNAGEOMIN fiscalizara y adoptase medidas preventivas, al tener la información incompleta de la situación real de la seguridad laboral al interior de la mina El Teniente.
El tercer antecedente nuevo se basa en posteriores actuaciones del SERNAGEOMIN en que el organismo habría requerido a Codelco la adopción de medidas extraordinarias a través de una resolución del pasado 14 de febrero.
Específicamente, el Servicio requirió a Codelco la adopción inmediata de medidas excepcionales destinadas a garantizar la estabilidad de las instalaciones y la seguridad de los mineros, estableciendo un régimen de reportes periódicos actualizados cada cinco días, para un monitoreo constante.
En el escrito el abogado indica que estas no corresponden a medidas ordinarias de fiscalización, sino que parecieran responder a “un escenario de riesgo significativo y persistente, incompatible con estándares adecuados de prevención y control”.
La cabeza de los responsables: nueva ley de delitos económicos
Otro de los puntos principales de la ampliación de querella es el delito y actores perseguidos. Mientras en la querella ingresada en agosto de 2025 apuntaba al cuasidelito de homicidio por responsables directos (operativos), el nuevo se basa en delitos económicos y busca perseguir responsabilidad penal de la cúpula de las empresas apuntadas.
Específicamente, el documento hace referencia a la Ley Nº 21.595 sobre Delitos Económicos cuya entrada en vigencia efectiva para la responsabilidad penal de empresas y estructuras organizacionales comenzó el 1 de septiembre de 2024.
El cambio que introduce la normativa es la responsabilidad penal por hechos ocurridos al interior de las empresas ya no solo caería sobre los causantes o responsables directos, sino que también a directivos y ejecutivos.
Por ello, el escrito amplía el universo de imputados y pone en la mira a quienes manejan Codelco y Gardilcic (empresa que tenía contratada a cinco de los seis fallecidos), pudiendo arriesgar estos incluso penas de cárcel.
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