El martes 28 de agosto, un matrimonio chileno fue detenido por la policía peruana cuando intentaban salir del vecino país con dos bebés indocumentados, que fueron concebidos a través del pago de un vientre de alquiler.
Este lunes, en tanto, ambos fueron puestos en prisión preventiva por 12 meses luego que la Fiscalía peruana decidiera investigarlos por el delito de trata de personas y esclarecer si son parte de una red o no.
No obstante lo anterior, Rosario Madueño y Jorge Tovar apelaron tal decisión ante la Corte Superior del Callao, alegando que los menores son hijos biológicos del hombre, quienes nacieron de esta forma ante su imposibilidad de ser padres por métodos naturales.
Es en este contexto que el diputado Gabriel Silber anunció que se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, para que la Cancillería abogue por los connacionales, quienes arriesgan hasta 25 años de cárcel.
“Ellos lo están pasando mal, han sido puestos en prisión preventiva por 12 meses, su caso está siendo criminalizado acusándolos de una suerte de tráfico de personas, de una supuesta mafia, cuando a todas luces este matrimonio lo único que buscaba era ser padres a través de la maternidad subrogada”, dijo el legislador en un comunicado.
“Efectivamente pudieron haber cometido un error o un traspié de carácter legal al intentar volver a Chile con los menores, pero no se les puede criminalizar con la privación de su libertad por los delitos que los está persiguiendo el sistema penal peruano”, añadió.
En esa línea, anunció el ingreso de un proyecto de Ley que regule “con altura de miras” los vientres de alquiler “como una alternativa para aquellos padres que a pesar de los avances tecnológicos no logran concebir como pareja un hijo”.
Con respecto a Tovar y Madueño, Silber lamentó que esta opción no tenga una legislación acorde en Chile ni Perú, por lo que -a su juicio- el Estado debe defender a la pareja que desembolsó 3.000 dólares por la inseminación artificial y 1.200 dólares mensuales, 10.800 dólares en 9 meses, a la mujer que aceptó ayudarlos, un total aproximado de $9.5 millones.
Sin embargo, el precio que los chilenos pagaron dista por mucho del valor que se maneja en otros países, como Estados Unidos, donde el costo varía por estado, llegando a superar los 130 mil dólares, es decir, más de $90 millones en nuestra moneda.
