El presidente Sebastián Piñera llegó a los seis meses de Gobierno con una peor evaluación que en su primer mandato. La última encuesta Cadem registró un 47% de aprobación al Ejecutivo: cinco puntos por debajo respecto a lo obtenido en el mismo sondeo en 2010, cuando anotó un 52% de aprobación.
Dicho resultado también refleja una baja de trece puntos respecto a abril, cuando cumplía un mes en La Moneda y tenía una evaluación positiva de 60%.
El informe consignó que las expectativas de los chilenos sobre el Ejecutivo cayeron de un 61% durante la primera semana de Gobierno, a un 46% a finales de agosto.
Desde Chile Vamos afirmaron que el déficit fiscal que arrastra el país desde la administración de Michelle Bachelet fue el que impidió al Gobierno implementar reformas que mantuvieran las expectativas de los chilenos. “El equipo de Gobierno está trabajando con lo que tiene”, aseguró el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida.
Por su parte, el diputado secretario general de la UDI, Issa Kort, tuvo un poco más de autocrítica y admitió que estos resultados son un llamado de atención para corregir errores como la falta de consenso en aspectos legislativos.
“Lo que yo espero es que el Gobierno pueda generar los espacios de diálogo. Y también hago un llamado a que la propia oposición cumpla también su rol complementario, fiscalizador, con ideas distintas”, recalcó.
De este modo, el pésimo registro vino a marcar el cierre a una semana legislativa muy compleja para el Gobierno. El Congreso le propinó una dura derrota luego que el proyecto de salario mínimo impulsado por la administración Piñera no lograra terminar su trámite legislativo con éxito.
La situación es inedita: la iniciativa quedó en punto muerto por primera vez desde el retorno a la democracia.
Más allá de eso, la pugna generó una afrenta con la oposición que ha hecho escalar la tensión día a día. Tanto así, que algunos sectores de la ex Nueva Mayoría incluso amenazaron con rechazar otro proyecto emblema de Piñera: la modernización tributaria, que ingresó hace algunos días a la Cámara de Diputados.
El veto de la discordia y la oposición “antipatriota”
El lunes de la semana pasado el proyecto fue despachado por el Congreso bajo los términos del Gobierno: un reajuste de $286.000 a partir de agosto y de $300.000 a partir de marzo de 2019.
Pero la pugna la desató la plurianualidad, el mecanismo de automatización del reajuste salarial que proponía 2% + IPC por 3 años. Esa opción fue rechazada por la oposición en relación al proyecto original y fue reducida a sólo 2 años.
Por eso, al día siguiente, el martes, el Gobierno decidió ingresar un veto presidencial para reponer ese punto que no había quedado como quería el Ejecutivo. La idea de acallar la determinación del Congreso fue la que más radicalizó la postura de la oposición.
La moción fracasó rotundamente en comisión y en sala, lo que dejó a los trabajadores sin reajuste salarial y al oficialismo y la oposición recriminándose mutuamente por las responsabilidades del proyecto fallido.
El proyecto no pasó agosto y la opción de un nuevo proyecto tuvo que ser postergado forzadamente para septiembre.
Por eso, Piñera expresó su molestia mediante una entrevista en El Mercurio que volvió a encender la polémica. “Hay una oposición que está decidida a negarnos la sal y el agua y hacer lo imposible para que a este gobierno le vaya mal”, reclamó.
Incluso fue más allá y aseguró que esa actitud obstruccionista es “profundamente antipatriótica y, en segundo lugar, no los va a llevar de vuelta de La Moneda, porque los chilenos son mucho más inteligentes y saben bien lo que quieren”.
Nuevo proyecto en suspenso
Tras el fracaso en la tramitación del salario mínimo en el Congreso y la amenaza que se cierne -por el endurecimiento de la oposición- sobre la discusión del proyecto tributario, el Gobierno no termina de aclarar la forma y en qué términos retomará la discusión sobre el reajuste del sueldo mínimo, para evitar que los trabajadores vuelvan a perder el incremento por tercer mes consecutivo.
El ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, no quiso adelantar si ingresará un nuevo proyecto durante esta semana, pero adelantó que el Ejecutivo ha sostenido conversaciones con sectores moderados de la oposición, aun que no aclaró quiénes son y a que sectores representan.
“Con el sueldo de los trabajadores no se puede hacer política ni mucho menos pretender hacerle gallitos al Gobierno”, remarcó el secretario de Estado.
Pablo Lorenzini (DC), el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara y uno de los que estuvo dispuesto a negociar con el Gobierno en el primer trámite, aseguró que la idea del veto condicionó las tratativas con el Ejecutivo a la hora de votar el reajuste del sueldo mínimo. “El veto significa ‘hagan lo que quieran, pero si no me apoyan lo que yo mandé. Foja cero’. Eso es medio dictadura”, acusó.
Por eso, la decisión del gobierno de insistir en la plurianualidad a tres años en el proyecto de salario mínimo, tensionó a tal punto la relación con la centroizquierda que muchos aseguran que esto tendrá consecuencias en la discusión del proyecto de reforma tributaria.
Incluso, el diputado socialista, Marcelo Schilling, manifestó que si la discusión tributaria se realizará en los términos del veto al salario mínimo, rechazarán la idea de legislar el proyecto de modernización tributaria. “Si va a pasar lo mismo que con este proyecto (salario mínimo), no es necesario que lo manden a trámite. Porque no tiene ningún objeto revisar esa reforma”, advirtió.
En tanto, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el secretario general, Nolberto Díaz, anunció que comenzarán una escalada de movilizaciones sociales para decantar en un gran paro nacional en octubre próximo, ya que -en su opinión- en la agenda del Gobierno están la defensa de los intereses del gran empresariado y no de los trabajadores.
