Diputados de Oposición presentaron este miércoles una acusación constitucional en el Congreso en contra de los jueces de la Corte Suprema que concedieron la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad, lo que vulneraría el derecho internacional.
“Nosotros tenemos el deber ineludible de utilizar esta herramienta (…) porque se ha vulnerado el derecho internacional”, dijo la abogada de derechos humanos y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz.
“No estamos invadiendo ninguna autonomía judicial, (la acción) no tiene como objetivo revertir el fallo, sino establecer la responsabilidad política de los jueces que han vulnerado el derecho internacional”, añadió la jurista.
La acusación –por la que los jueces arriesgan su destitución– apunta a los magistrados que a fines de julio concedieron la libertad condicional a siete agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, condenados por violaciones a los derechos humanos.
Se trata de Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama por notable abandono de deberes, tras haber otorgado hace algunas semanas la libertad condicional a siete reos condenados por violaciones a los derechos humanos.
Uno de los fallos se tomó tras establecer que “se cumplen con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y que no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad”, explicó el Poder Judicial.
Pero la decisión fue criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó a través de un comunicado su “preocupación” por las últimas resoluciones de la justicia chilena.
“La CIDH recuerda que en relación con penas impuestas por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia”, dijo el organismo, con sede en Washington.
Entre los firmantes del libelo acusatorio está el diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto, quien llamó a su bancada a respaldar la acusación porque eso es coherente con la exigencia de justicia por el crimen del expresidente Eduardo Frei Montalva.
Además de la oposición, el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, anunció su intención de apoyar la acusación contras estos tres jueces de “izquierda”, que en su opinión, han actuado al margen de la ley encarcelando -a su juicio sin fundamento- a exmilitares en causas de Derechos Humanos.
Uno de los tres ministros acusados, el juez Hugo Dolmestch, no quiso referirse al fondo de los argumentos presentados en su contra, pero subrayó que en su opinión, la acusación constitucional pone en tela de juicio la independencia del Poder Judicial.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, reiteró que el juicio político que abre la Cámara de Diputados en contra de los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema, afecta la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
En paralelo, familiares de alguno de los agentes de la dictadura presos en la cárcel especial para represores de Punta Peuco –en las afueras de Santiago- entregaron este miércoles una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que manifestaron su preocupación por la “presión” que han recibido de parte de quienes se oponen a la entrega de beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad.
En el frontis del palacio de tribunales, en el centro de Santiago, se enfrentaron con algunos transeúntes que los increparon por su petición.
Hasta mediados de 2017, existían un total de 1.328 causas penales por crímenes contra los derechos humanos en tramitación en los tribunales chilenos, mientras que unos 122 condenados cumplían condena en la cárcel especial de Punta Peuco a julio de 2017, de acuerdo al Informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales.
Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron o desaparecieron, de acuerdo a los registros oficiales.
Este jueves, la sala de la Cámara de Diputados debe proceder al sorteo de los parlamentarios que integrarán la comisión ad-hoc que analizará los argumentos de la acusación constitucional en contra de los ministros Dolmestch, Kunsemuller y Valderrama; tras lo cual se fijarán los plazos para citar a los acusados a presentar su defensa.
