Este miércoles, parlamentarios de oposición concretaron su inedita acusación constitucional a tres jueces de la sala penal de la Corte Suprema.
Puntualmente, acusan a Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama de notable abandono de deberes, tras haber otorgado hace algunas semanas la libertad condicional a reos condenados por violaciones a los derechos humanos.
En el contexto de dicha presentación, el máximo tribunal y el gobierno afirmaron que el Congreso no tiene atribuciones para revisar los fallos de los tribunales del país.
Por ello, la diputada Carmen Hertz (PC) recalcó que “no se está alterando la autonomía ni estamos revisando fallo alguno. Estamos apuntando a la responsabilidad política de ministros que no cumplieron ni con el control de convencionalidad -que es obligatorio en materia de DDHH- y que han enmascarado con ese fallo una forma de impunidad”, sostuvo.
En total lograron el apoyo de 10 parlamentarios opositores, incluyendo a la Democracia Cristiana. Dicho punto es relevante considerando que varios han intentado desmarcarse de esta acción.
Pero el diputado Raúl Soto (DC) cumplió con su palabra empeñada y recalcó que dicha acción tiene coherencia con la demanda de justicia que lidera la falange respecto a la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.
Por otro lado, llamó la atención el apoyo del diputado UDI Ignacio Urrutia a la acción contra los supremos. Aunque evidentemente por razones diametralmente opuestas, ya que -en su opinión- estos magistrados han encarcelado a “soldados que sirvieron a la patria en dictadura”.
Aunque el Gobierno salió inmediatamente a poner paños fríos a la situación y la idea del partido oficialista.
“No corresponde al Congreso Nacional hacer una acusación constitucional contra jueces por el contenido de sus resoluciones judiciales. Eso grava y afecta al Estado de Derecho”, recalcó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Tensión judicial
El juicio político ha generado tensión en el Poder Judicial. El presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, recalcó que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen facultad para revisar los fallos. Y más tarde, en un pleno extraordinario, los miembros de la instancia le pidieron calma considerando que aún no han sido notificados del proceso.
Pese a ello, Dolmestch, uno de los acusados, fue enfático respecto a que se está intentando socavar la institucionalidad de la Corte Suprema y que se pone en tela de juicio la independencia del Poder Judicial: “No hay ninguna duda de eso”, señaló.
Revisa aquí el texto íntegro presentado por la Cámara de Diputados:
