El próximo martes el cardenal Ricardo Ezzati deberá declarar como imputado por eventual encubrimiento de abuso sexual, en Rancagua.
En lo que para algunos es la demostración de que nadie está por sobre la ley en esta indagatoria, este martes a eso de las 15:00 horas, Ezzati enfrentará uno de sus momentos más complejos cuando declare como imputado por eventual encubrimiento.
En esa diligencia, el fiscal Emiliano Arias tendrá que determinar si Ezzati “cumplió o incumplió sus obligaciones” de proteger a las víctimas y hacer cumplir la normativa eclesiástica.
Sin embargo, a diferencia de los sacerdotes pederastas, ve poco probable que vaya a la cárcel, ya que la “prisión preventiva es la medida más gravosa del ordenamiento procesal antes de la condena” y se rige por el principio de la “proporcionalidad”, reconoció el fiscal Arias.
La “pena del encubridor es inferior en dos grados a (la del) delito cometido por el autor”, precisó el persecutor.
La mayor parte de los documentos que le permitieron citar como imputado al cardenal fueron recabados en un allanamiento al Arzobispado de Santiago tras la negativa de la Iglesia a entregar a la justicia la documentación de las diligencias canónicas solicitadas, amparándose a menudo en el respeto a las víctimas.
“La Iglesia, lo que tenía que hacer es denunciar de inmediato. Su interés es que esto pare (…) no tener obligación de denunciar no significa que les esté prohibido hacerlo”, indicó Arias a la Agencia France-Presse.
Hasta ahora, cinco obispos han renunciado a sus cargos y el sacerdote Oscar Muñoz –exmano derecha de Ezzati- está en prisión preventiva por el abuso de al menos siete menores.
La Fiscalía, en tanto, mantiene abiertas 38 investigaciones por abuso sexual al interior de la Iglesia Católica, de las que el fiscal Arias lleva 19.
Juicios en seis a ocho meses
Los primeros juicios de casos concretos de sacerdotes abusadores tendrán lugar en “un plazo de seis a ocho meses”, estima el fiscal, que cree sin embargo que el de los encubridores demorará más tiempo, consciente de que será “dificilísimo” demostrar el delito.
El hecho de que una persona “esté citada como encubridor no significa que esté condenada”, advierte, antes de agregar otra dificultad: en Chile “no hay jurisprudencia o antecedentes que hablen de responsabilidad penal” en este tipo de delito.
No obstante, se ampara en una carta que el papa Francisco envió a los obispos chilenos en la que denuncia una “cultura del encubrimiento, del abuso sexual, de delitos” para sentar a la jerarquía en el banquillo.
En cuanto a la destrucción de pruebas que ha denunciado, espera que le “sirva más (de lo) que le perjudica” para demostrar la culpabilidad de los jerarcas, “en la medida que las víctimas vengan” a la Fiscalía y denuncien ante la justicia ordinaria.
Desde 1960, al menos, 158 obispos, sacerdotes y otros religiosos han sido o están siendo investigados por abusos sexuales en Chile, según el Ministerio Público que tiene constancia de 266 víctimas, 178 de ellas menores y adolescentes.
Pero este número de víctimas, “difícil de cuantificar”, aumenta porque cada vez hay más personas que “se van acercando” a la Fiscalía para denunciar. El fiscal asegura que la mitad de los casos ya han prescrito, aunque investigarlos le ayudará “a precisar la conducta desplegada en el pasado” por la jerarquía eclesiástica para su investigación sobre encubrimiento.
