Cuando Deportes Concepción parecía encontrar estabilidad dentro de la cancha y consolidar un repunte deportivo en la presente temporada, un conflicto fuera del terreno de juego amenaza con desviar la atención.
El Club Social y de Deportes Concepción informó que fue notificado del inicio de un procedimiento arbitral impulsado por Inversiones Vicjo SpA, accionista mayoritario de El Conce SADP, en una disputa que involucra cerca de 49 mil UF, equivalentes a unos 2.000 millones de pesos.
Según explicó el directorio del Club Social, la controversia tiene su origen en la desafiliación de Deportes Concepción en 2016 y en las obligaciones económicas que derivaron de ese proceso. La entidad sostiene que esas deudas fueron generadas durante la administración de concesionarias externas, en una etapa en la que el Club Social asegura no haber tenido participación directa.
El comunicado agrega que, con el paso de los años, se firmaron distintos acuerdos relacionados con esa obligación, incluidos instrumentos suscritos durante 2023, cuyos alcances y efectos son precisamente parte del arbitraje que ahora deberá resolverse. Pese a que la actual directiva intentó alcanzar un acuerdo con Inversiones Vicjo para cerrar definitivamente el conflicto, las negociaciones no llegaron a buen puerto.
Asimismo, el Club Social reveló que durante esas conversaciones se evaluó entregar como garantía el Complejo Deportivo de Nonguén, una alternativa que finalmente no prosperó al no contar con la aprobación de la Asamblea de socios. Ante este escenario, el directorio aseguró que ya adoptó las medidas jurídicas necesarias para resguardar el patrimonio de la institución y enfrentar el proceso arbitral.
Ante esta intrincada situación, el presidente del Club Social de la tienda lila, Renato Varela, calificó en diálogo con BioBioChile como una “traición” la medida adoptada por la S.A. del ‘León de Collao’.
“Pese al origen y lo injusto de esa deuda y arrastrar estos problemas hasta 10 años después, nosotros como directorio siempre tuvimos la disposición de buscar una solución a esto. Mantuvimos conversaciones con la sociedad anónima, realizamos propuestas concretas para poder cerrar definitivamente este problema y lograr un acuerdo que sea conveniente para ambas instituciones. Pero lamentablemente desde la contraparte se decidió no continuar con las conversaciones y optaron por iniciar este procedimiento arbitral”, indicó.
“Nuestra posición actual como Club Social, con todas las herramientas jurídicas que tengamos disponibles, es ir a defendernos para poder resguardar nuestro patrimonio, ya que esta demanda, en caso de perderla, pone en riesgo nuestro principal activo, que son los campos deportivos de Nonguén. Es el mayor riesgo que tenemos actualmente”, añadió.
En la misma línea, el directivo expresó que “nuestra postura actual es mantener nuestra disposición de diálogo que hemos tenido siempre… Actualmente estamos arrendando los campos deportivos de Nonguén a la sociedad anónima y es un uso compartido que tenemos junto a ellos, y las cosas habían estado funcionando súper bien. Entonces nosotros vemos esto como un retroceso a todo lo que se ha logrado y prácticamente es una traición por parte de ellos iniciar un procedimiento en algo que nosotros, como club, somos una corporación sin fines de lucro. Entonces no tenemos ninguna otra fórmula de pagar esos 1.350 millones más allá de las soluciones que nosotros les estábamos ofreciendo”.
“Nos mantenemos todavía como los dueños de las distintas marcas asociadas a Deportes Concepción y nosotros les entregamos para el uso de esas marcas a la Sociedad Anónima, que es lo que necesita para competir, y ese contrato está vigente hasta el año 2029. Entonces lo que le ofrecimos es poder renegociar ese contrato, fijar un monto fijo en dinero, ya que ahora ese contrato nos permite a nosotros explotar comercialmente espacios estáticos en el estadio y el club social no lo está haciendo. Entonces pensábamos fijar un precio en dinero y que eso se fuera descontando directamente del monto de la deuda”, complementó.
“Esa es la propuesta que nosotros hicimos y no les pareció buena esa opción. Por eso también nos pidieron establecer garantías e hipotecar Nonguén por si no se lograba algún acuerdo. Finalmente, la asamblea no accedió a eso y aquí está el resultado: fuimos demandados para resolver este asunto“, cerró Varela.
Este medio intentó comunicarse con la contraparte para que diera a conocer su posición, pero no obtuvo respuesta.
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