Los diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio oficializaron el acuerdo para la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema que aprobaron las libertades condicionales para siete exmilitares condenados por crímenes contra los Derechos Humanos cometidos en Dictadura.

Los legisladores creen que estos jueces no solo generaron una dificultad en el cumplimiento de acuerdos internacionales, como el Estatuto de Roma, uno de los argumentos para presentar esta acusación bajo la figura de posible abandono de deberes; sino que también por la premura con la cual se entregaron los beneficios.

En esa línea, tras una reunión con los partidos, la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró que no se quiera dejar en impunidad la decisión que ella cuestiona.

Los jefes de bancada acompañaron esta presentación y aclararon que la medida, finalmente, no se extenderá a los ministros de algunas Cortes de Apelaciones, quienes en primer instancia concedieron las libertades condicionales.

Los diputados Tomás Hirsch y Ricardo Celis ratificaron la postura y precisaron que la acusación tendrá por objetivo interpelar a los supremos Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas.

Bajo esta consideración, Celis aseguró que buscarán que la votación ocurra el 11 de septiembre, dado el simbolismo de la fecha para el país.

En relación a las críticas que la medida ha generado desde el Gobierno y el oficialismo, el diputado socialista Jaime Naranjo recordó que en 1993, el presidente Sebastián Piñera, en su calidad de senador, votó a favor de la acusación contra el entonces juez del máximo tribunal, Hernán Cereceda, quien finalmente terminó siendo destituido de su puesto en el tribunal de última instancia.

En ese sentido, el argumento del gobernante apuntó a que éste vulneró acuerdos internacionales. Por ende, Naranjo llamó al Gobierno a plantear su posición respecto del respeto de los pactos en materia de Derechos Humanos.

Así, hay claridad en las bancadas para patrocinar el libelo acusatorio. La duda, no obstante, continúa en cuanto a la participación de la Democracia Cristiana, colectividad que determinó esperar los argumentos para votar la medida en sala.

El diputado falangista, Raúl Soto, ratificó que el partido aguardará conocer más detalles pero que, en su caso, él firmará la acusación, desmarcándose de la posición de su bancada.

Desde el oficialismo han mirado con recelo la acusación y sólo han emitido declaraciones en la materia los diputados Juan Antonio Coloma y el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quienes postularon que los magistrados han aplicado la Ley sin vulnerar los derechos de nadie, ni menos transgredido acuerdos internacionales.

El plazo para que el texto quede redactado y presentado ante la Cámara Baja fue fijado en 10 días.