¿Subsidio a la vivienda para la clase media?

Cuando el Gobierno anuncia un subsidio habitacional para viviendas de hasta 4.000 UF destinado a la llamada clase media, la reacción natural es positiva. Después de todo, en un país donde la vivienda propia parece cada vez más lejana, cualquier esfuerzo por acercarla merece ser valorado.

Y sí, la iniciativa tiene méritos. Reconoce una realidad evidente: el precio de las viviendas ha aumentado de manera sostenida y muchas familias que hace algunos años podían aspirar a comprar una casa o departamento hoy simplemente no califican para hacerlo. En ese sentido, ampliar el acceso a subsidios para viviendas de mayor valor parece una respuesta razonable a un problema real.

Sin embargo, una buena idea puede equivocarse profundamente en su ejecución. Cuando uno observa quienes pueden realmente acceder a este beneficio, aparece una pregunta incómoda: ¿estamos ayudando a la clase media o a un segmento específico dentro de ella?

El principal problema es que gran parte de las políticas habitacionales siguen construyéndose sobre una premisa que, aunque razonable en teoría, se vuelve excluyente en la práctica, la famosa “capacidad de ahorro”.

Sobre el papel parece lógico, si una familia puede ahorrar para el pie de una vivienda, demuestra responsabilidad financiera y compromiso con el proyecto. El problema es que la realidad de miles de familias chilenas funciona de manera radicalmente diferente.

Existen innumerables hogares que tienen capacidad de pago mensual, pero no capacidad de ahorro. Son familias que pagan arriendo todos los meses, servicios básicos, transporte, educación, alimentación y una larga lista de gastos que consumen prácticamente la totalidad de sus ingresos. Llegan a fin de mes cumpliendo con sus obligaciones, pero sin margen suficiente para acumular capital.

Ahí se encuentra la trampa; para ahorrar el pie exigido por una institución financiera, muchas veces deben sacrificar el pago de alguna obligación. Pero si dejan de pagar una deuda para ahorrar, terminan deteriorando su historial financiero. Luego, cuando logran reunir parte del dinero requerido, el banco les niega el crédito precisamente porque presentan antecedentes comerciales negativos. Entonces vuelven al punto de partida, arrendando, pagando más que muchos dividendos hipotecarios, pero sin acceso a financiamiento.

Es una especie de rueda de hámster financiera avalada por el Estado. Corren cada vez más rápido, pero permanecen exactamente en el mismo lugar.

A ello se suma otro fenómeno ampliamente comentado por quienes han intentado acceder a financiamiento, la persistencia de antecedentes comerciales que, aun cuando legalmente no deberían transformarse en una condena permanente, continúan siendo percibidos como una barrera práctica al momento de solicitar productos financieros.

Si eso ocurre en entidades privadas, puede entenderse desde una lógica comercial. Pero cuando los efectos terminan reproduciéndose indirectamente en programas destinados precisamente a facilitar el acceso a la vivienda, la contradicción resulta difícil de ignorar.

Pero el debate de fondo es aún más profundo; cuando se habla de “clase media”, pareciera que todos entendemos lo mismo. Sin embargo, la realidad económica chilena es bastante más compleja.

La mayor parte de los trabajadores del país se encuentra mucho más cerca de los ingresos inferiores de la clase media que de sus segmentos más acomodados. Son personas que viven de su sueldo, que enfrentan un costo de vida creciente y que, pese a trabajar formalmente, siguen teniendo enormes dificultades para generar capacidad de ahorro.

Por eso resulta legítimo preguntarse si muchas de estas políticas terminan diseñándose pensando en la realidad de quienes las elaboran más que en la realidad de quienes buscan beneficiar, entonces ahí podemos ver una diferencia enorme entre una familia que puede destinar varios millones de pesos a un pie y otra que destina más de un tercio de sus ingresos al arriendo y apenas logra terminar el mes sin endeudarse, ambas pueden ser catalogadas como clase media, pero claramente no viven la misma realidad.

Y es precisamente ahí donde la política pública suele perder contacto con la calle. Se diseña pensando en el ciudadano ideal de las planillas Excel, aquel que ahorra ordenadamente, que no enfrenta emergencias económicas, que no ayuda a familiares, que no paga arriendos desproporcionados respecto de sus ingresos y que puede esperar varios años acumulando recursos para recién postular a una vivienda. No me mal entiendan, ese ciudadano existe, pero no representa a la mayoría.

Quizás el error está en seguir evaluando a las familias por su capacidad de acumular dinero cuando deberíamos comenzar a evaluarlas por su capacidad de cumplir compromisos financieros.

Porque existe una pregunta que rara vez aparece en el debate público: ¿qué mejor prueba de solvencia existe que haber pagado arriendo durante años?

Miles de familias chilenas llevan cinco, diez o incluso quince años pagando puntualmente una vivienda que nunca será suya. Mes tras mes depositan montos que en muchos casos son iguales o incluso superiores a los dividendos de un crédito hipotecario. Sin embargo, para el sistema siguen siendo considerados candidatos de riesgo porque no lograron reunir el ahorro exigido para el pie.

La contradicción es evidente.

Si una familia ha demostrado durante cinco años consecutivos que puede cumplir con el pago de un arriendo, ha acreditado de manera práctica algo que ningún informe financiero puede reflejar completamente: disciplina de pago, estabilidad económica relativa y capacidad para sostener una obligación de largo plazo.

Por eso, una política pública verdaderamente orientada a la clase media mayoritaria debería cambiar el enfoque, en lugar de centrarse exclusivamente en la capacidad de ahorro, podría reconocer la capacidad de pago demostrada. Un mecanismo simple sería permitir que quienes acrediten cinco o más años de arriendo continuo, mediante contratos y registros de pago verificables, puedan acceder a un subsidio que cubra la totalidad del pie exigido para la compra de una vivienda o a una garantía estatal equivalente.

No se trataría de regalar viviendas ni de asumir riesgos irresponsables con recursos públicos. Por el contrario, sería focalizar la ayuda precisamente en quienes ya han demostrado durante años que pueden sostener una obligación habitacional, pero permanecen atrapados en el círculo vicioso del arriendo permanente porque no logran acumular el capital inicial que exige el sistema.

El riesgo financiero, además, sería relativamente contenido. El Estado no estaría apostando por personas sin historial de pago, sino por ciudadanos que han demostrado de manera fehaciente su capacidad para cumplir mensualmente con una obligación tan importante como la vivienda.

Entonces el verdadero obstáculo para gran parte de la clase media no es pagar una casa, ya que lo lleva haciendo durante años, su verdadero problema es ahorrar mientras la paga. Y estos son dos desafíos completamente distintos.

Por eso, la pregunta que deja este nuevo subsidio no es cuánto dinero entregará el Estado ni cuántas viviendas permitirá adquirir. La pregunta es mucho más simple: ¿A quién estamos llamando realmente “clase media”?

Porque si las ayudas para la clase media sólo pueden ser aprovechadas por quienes ya tienen capacidad de ahorro, estabilidad financiera y acceso relativamente expedito al crédito, entonces quizás el problema no está en el nombre del subsidio.

Quizás el problema es que los de clase media descubrimos, una vez más, que no somos ni muy clase ni muy media cuando llega el momento de recibir ayuda del Estado.

Y mientras las políticas sigan premiando principalmente la capacidad de ahorrar, seguirán dejando fuera a quienes ya demostraron durante años algo mucho más importante: “la capacidad de cumplir”. “Puedes identificarlos por su fruto” (Mateo 7,16 ), es decir, por la manera en que se comportan.