La comisión mixta que analiza las diferencias entre el Senado y la Cámara, discutió el martes elementos clave del proyecto que busca aumentar las penas de los delitos de cohecho y soborno, trámite donde el Ejecutivo presentó una indicación para que altas autoridades públicas enfrenten penas efectivas de cárcel por estos ilícitos.
Sin embargo, la mayoría de los parlamentarios rechazaron una propuesta de los diputados Leonardo Soto, del PS y Gabriel Silber, de la Democracia Cristiana, que buscaba crear un nuevo tipo penal para sancionar a aquellos funcionarios públicos que incrementen su patrimonio de manera ilícita, aunque no se pueda acreditar que entregaron alguna prestación a cambio de pagos.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó el rechazo del Ejecutivo a esta indicación, que -a su juicio- podría afectar juicios en curso, como los casos Penta y SQM, donde se investigan pagos a figuras políticas.
Por su parte, el diputado Soto defendió la propuesta y manifestó que en distintas legislaciones internacionales se sanciona a aquellos funcionarios que incrementan su patrimonio, sin que necesariamente se acredite alguna prestación a cambio de dichos pagos.
También se rechazó una indicación que presentó la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, que -según explicó- buscaba inhabilitar de manera perpetua para ejercer cargos públicos a quienes incurran en el delito de cohecho agravado.
Ambas indicaciones fueron rechazadas por la votación en contra de los senadores José Miguel Insulza, Felipe Harboe, Víctor Pérez, Andrés Allamand junto a los diputados Jorge Alessandri y Paulina Núñez.
Mientras que votaron a favor los diputados Leonardo Soto, Gabriel Silber y Catalina Pérez.
El senador Francisco Huenchumilla se abstuvo respecto de la primera indicación, mientras que votó en contra de la segunda propuesta.
