A contar desde el año 2017 la Contraloría estará capacitada para fiscalizar a los planteles privados que reciban fondos públicos, ya que hasta este año la secretaría del Estado que se encarga de examinar los gastos públicos se encontraba privada de indagar en el uso de los aportes estatales hacia las universidades privadas, Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales.
La fiscalización se podrá llevar a cabo luego que ayer se aprobara una indicación en la Ley de Presupuestos que amplía al órgano del Estado a ser informado de los aportes y así fiscalizar a los planteles privados.
El presidente de la red de universidades privadas del Consejo de Rectores, denominado G-9 y rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, declaró que están de acuerdo que se fiscalice el aporte del Estado a los planteles privados, pero evitando el excesivo control paralizante que entrabe una buena gestión, como se ha visto en las Universidades Públicas.
En la misma línea, el rector de la Universidad Autónoma que corresponde a las casas de estudios privadas que reciben aportes del Estado en el área de becas, Teodoro Ribera, expuso que es fundamental tener control y conocimiento de los ingresos fiscales, ya que garantiza el buen uso de esta cooperación.
Se espera que la Contraloría desarrolle un reglamento para aplicar esta revisión y fiscalización a partir del 2017, con el fin de someter a los planteles privados a reglas de transparencia.