La Defensoría de la Niñez manifestó su rechazo frente a la concesión de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El organismo anunció que solicitará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los antecedentes que se tuvieron a la vista para modificar el criterio histórico de la cartera, el cual denegaba la concesión de beneficios frente a estos delitos.
Uno de los aspectos que requiere especial atención, según el comunicado de la Defensoría de la Niñez, es que desde febrero de 2022 la ley consagra expresamente la exclusión de beneficios en casos de determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Por ello, el organismo considera indispensable que el Ministerio de Justicia aclare por qué se concedieron estas rebajas; y qué medidas se están adoptando para la debida protección de las víctimas.
El comunicado señala que existen controversias jurídicas respecto de los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.421, las que legítimamente pueden ser dirimidas ante los tribunales de justicia. Sin embargo, agrega que la aplicación de un estándar general que otorga beneficios implica una inobservancia de derechos de NNA víctimas de delitos de connotación sexual.
Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia. Desde 2022 rige una ley que excluye de este beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.
Resguardo de los derechos de las víctimas
Quesille agregó que “detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación. El Estado tiene un deber reforzado de resguardar esos derechos y debe actuar con especial rigurosidad cuando adopta decisiones que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de libertad de quienes fueron condenados por estos graves delitos. La protección de las víctimas debe estar en el centro de las decisiones del Estado”.
El defensor también sostuvo que “debemos recordar que el Estado de Chile, sin importar el gobierno de turno, ha dado señales claras para avanzar en la protección de la violencia sexual contra la niñez”. En esa línea, mencionó que se tipificó el delito de explotación sexual, se consagró la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, se implementó la ley de entrevistas video grabadas, se promulgó la Ley de Garantías y el gobierno acaba de aprobar el Marco para la Acción en materia de explotación sexual, entre otras medidas.
“Por tanto, la decisión de otorgar beneficios como éstos representa un retroceso para la protección efectiva de la niñez”, explicó Quesille.
El organismo informó que continuará realizando seguimiento de esta situación y que, a partir de los antecedentes recabados, evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones legales.
La Defensoría de la Niñez insistió en la necesidad de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregue los antecedentes que se tuvieron a la vista para modificar el criterio histórico de la cartera, que hasta ahora denegaba la concesión de beneficios frente a estos delitos.
Revisa el comunicado de la Defensoría, aquí:
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