El gobierno de España aprobó decretos en tiempo récord en torno a la crisis de la vivienda que vive ese país, situación que tuvo su punto cúlmine el pasado viernes, con el desalojo de una mujer de 87 años, con discapacidad, llamada Maricarmen Abascal.
De acuerdo a El Mundo, la administración de Pedro Sánchez logró acuerdos con Sumar, de izquierda, para tener dos decretos reales, los cuales serán discutidos en extenso por el parlamento.
Uno de ellos tiene relación con protección residencial y regulación de los arriendos en el país, mientras que el segundo está vinculado con la renovación automática de los contratos de alquiler.
No obstante, desde ya se anticipa una discusión extensa entre parlamentarios, teniendo en cuenta que los partidos de oposición, como el PP o VOX, anticiparon su rechazo a las medidas, al igual que el catalán Junts.
Por su lado, otras fuerzas de izquierda, como partidos regionales y Podemos, insisten en que los paquetes quedan “cortos” para enfrentar la crisis de vivienda.
Hasta ahora, las medidas más concretas incluyen prórroga de dos años de determinados arriendos, congelamiento de valores según zonas residenciales, detener los desalojos hasta 2030 y regular los alquileres por temporada.
“El paquete incorpora, además, otras medidas económicas y fiscales dirigidas a determinados inquilinos, propietarios y compradores jóvenes, según la información publicada sobre el acuerdo”, detalló el medio France 24.
Asimismo, Sumar puso el foco en la medida sobre la renovación automática de los arriendos, con el fin de dar continuidad a los arrendamientos y evitar que los inquilinos tengan que abandonar sus viviendas o afrontar nuevas condiciones económicas simplemente porque vence su contrato.
Crisis de vivienda en España: Trámite complejo en el Congreso
La siguiente fecha clave es el viernes 2 de octubre, cuando el Congreso tiene previsto celebrar el pleno extraordinario solicitado por el Gobierno para votar la convalidación de ambos reales decretos-ley.
El procedimiento importa porque los reales decretos-ley son normas aprobadas por el Ejecutivo en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, pero están sometidas al control del Congreso. La Cámara debe decidir si los convalida o los deroga dentro del plazo constitucional de 30 días desde su promulgación. También puede acordar su tramitación como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
En la práctica, hay tres cuestiones pendientes:
– La mayoría parlamentaria. El Gobierno debe reunir suficientes votos para que cada decreto supere su votación. El acuerdo entre PSOE y Sumar no garantiza ese resultado.
– El contenido definitivo y su aplicación. Los textos completos y sus disposiciones concretas son esenciales para determinar qué contratos quedan cubiertos, qué excepciones existen y cómo se aplicarán las nuevas reglas.
– Las demandas que han quedado fuera. La continuidad de los contratos, la protección frente a los desahucios y el alcance de las restricciones a los grandes inversores seguirán siendo objeto de negociación política y social.
Si el Congreso convalida los decretos, las medidas podrán continuar su aplicación en los términos previstos en las normas. Si rechaza alguno de ellos, ese texto quedará derogado, aunque el otro podría tener un recorrido parlamentario independiente.
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