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Chile se aproxima a iniciar el debate por el Presupuesto 2027 en un contexto muy crítico para la economía, marcado por las malas decisiones adoptadas por el presidente Kast y el ministro Quiroz.
Tras el bencinazo que dirigió el impacto del alza de los combustibles directamente hacia el bolsillo de las familias chilenas, y luego de aprobarse una mega reforma que beneficia al 1% más rico del país, hoy tenemos una economía que se ha debilitado, una demanda interna que pierde fuerza y una confianza en los hogares y empresas que también se ha resentido. La tasa de desempleo llegó a 9,5% y el Banco Central redujo su proyección de crecimiento para este año a un rango de entre 0,25% y 0,75%.
En este escenario adverso, se hace urgente un cambio de rumbo en las decisiones del Ejecutivo que, hasta ahora, han sido erradas y contraproducentes.
El Gobierno ha optado por un camino que combina un ajuste fiscal que ya está afectando la inversión pública, recortes a servicios esenciales como la salud y la educación, junto con la aplicación de rebajas tributarias cuyos beneficios se concentran fuertemente en los sectores de mayores ingresos.
Los datos de ejecución presupuestaria a julio son elocuentes: mientras el gasto corriente ha crecido un 3% real anual, la inversión pública cayó 14,2% en el mismo período. Según una estimación de OPES, $628 mil millones del ajuste fiscal materializado a julio corresponden a inversión pública, con efectos sobre áreas como Obras Públicas, Salud, Gobiernos Regionales y Educación.
Esto es relevante porque no todos los recortes tienen las mismas consecuencias. Postergar una obra de infraestructura no es equivalente a reducir un gasto administrativo. Una inversión pública moviliza construcción, proveedores y actividad económica en los territorios. En resumen: genera trabajo, que es precisamente lo que más se necesita.
Por eso, resulta difícil entender que, en este escenario, la inversión pública sea uno de los componentes que más se está reduciendo. Si el problema es la falta de dinamismo económico y de empleos, la política fiscal debería contribuir a movilizar la actividad, no profundizar su debilidad.
A esto se suma otra decisión que levanta las alertas: las rebajas tributarias a las grandes empresas. El propio Ministerio de Hacienda ha estimado que, por cada punto porcentual de reducción del Impuesto de Primera Categoría, el Fisco dejaría de recaudar 0,13% del PIB y que el 79,1% de ese beneficio se concentraría en el 1% de contribuyentes de mayores ingresos. De hecho, ante el contexto económico desfavorable que enfrentamos, lo más razonable sería que el Gobierno postergue la reducción del impuesto corporativo contenido en la megarreforma, de manera de no ver esa disminución reflejada en restricciones presupuestarias que profundicen el estancamiento.
Al mismo tiempo es necesario mejorar la eficiencia del Estado en gasto y recaudación. Siempre será aconsejable revisar programas, mejorar su ejecución, reducir filtraciones y reasignar recursos; así como evitar la elusión y evasión de impuestos. Pero eficiencia y tamaño del gasto no son sinónimos. Hacer un Estado más eficiente no significa asumir que las mismas prestaciones —sin ninguna inversión o mejora tecnológica— pueden mantenerse con cualquier nivel inferior de recursos o, como ha planteado el ministro Quiroz, “hacer más con menos”.
La pregunta, entonces, no debiera ser simplemente cuánto menos puede gastar el Estado, sino qué puede hacer el Estado con sus recursos para responder al momento económico de estancamiento y desempleo que enfrenta nuestro país. Es aquí donde el Presupuesto 2027 abre la posibilidad de un giro en las decisiones, en favor de las grandes mayorías.
El Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre fijó para 2027 un parámetro de US$5,37 por libra, por encima de los US$4,38 utilizados para formular el Presupuesto 2026. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB no minero tendencial fue estimado en 2,6% para el próximo año. Estos parámetros son fundamentales para calcular el balance estructural y constituyen parte de los antecedentes sobre los cuales se construye el nuevo presupuesto. Esto no significa que exista automáticamente una cantidad equivalente de recursos adicionales disponibles para gastar, pero sí configura un escenario que permite discutir con mayor perspectiva cuáles deben ser las prioridades de la política fiscal.
Una de esas prioridades debería ser clara: recuperar la capacidad de inversión del Estado y vincularla directamente con la reactivación económica y la generación de empleos. El Presupuesto no debe limitarse a esperar una recuperación: debe contribuir a producirla, especialmente en aquellas áreas donde la inversión pública tiene capacidad para activar sectores productivos, generar puestos de trabajo y mejorar las condiciones de vida en los territorios.
El proyecto del Parque Urbano Central sobre la Autopista Central es un buen ejemplo de la discusión que tenemos por delante. Se trata de una inversión estimada en US$250 millones para intervenir 2,1 kilómetros entre San Pablo y Toesca, incorporando áreas verdes, ciclovías, equipamiento y espacios públicos. Aplicando la misma metodología utilizada por OPES para estimar multiplicadores de empleo, una inversión de esta magnitud podría generar del orden de 7.750 empleos-año. Es necesario precisar que un empleo-año corresponde a una persona trabajando a tiempo completo durante un año. Si suponemos que la ejecución de las obras se distribuye durante tres años, eso equivaldría a alrededor de 2.580 puestos de trabajo promedio por año durante el período de construcción.
Esta estimación —para un proyecto que había sido señalado como no prioritario por el actual Gobierno y que hoy estaría siendo reevaluado— permite comprender lo que está en juego cuando hablamos de inversión pública. No se trata solamente de construir una obra: se trata también de activar la economía, generar empleos y mejorar la calidad de vida en nuestros territorios.
En un país que requiere generar empleo, crecimiento y recuperar la confianza, el Presupuesto 2027 puede profundizar el actual mal camino o puede marcar la diferencia. Puede seguir en la línea de estos meses y consolidarla con el Presupuesto de los recortes, o utilizar las herramientas del Estado con un Presupuesto pro inversión y empleo, que contribuya a reactivar la tan golpeada economía de nuestro país. Rectificar el rumbo es urgente.
