Salud mental en la educación superior: una responsabilidad compartida

La salud mental se ha instalado, con razón, entre los grandes desafíos de nuestra sociedad y también de la educación superior. Ansiedad, estrés, aislamiento, incertidumbre frente al futuro y dificultades económicas, familiares o interpersonales atraviesan la experiencia universitaria y, en algunos casos, alcanzan una gravedad que requiere atención profesional especializada y oportuna.

Durante mucho tiempo, las universidades entendimos nuestra responsabilidad con los estudiantes principalmente desde una perspectiva académica: entregar una formación de calidad, desarrollar competencias y prepararlos para la vida profesional. Esa tarea sigue siendo esencial, pero hoy resulta insuficiente si no consideramos también las condiciones en que nuestros estudiantes aprenden, progresan y construyen sus proyectos de vida.

Esto no significa disminuir la exigencia académica. Formar implica esfuerzo, responsabilidad, autonomía, tolerancia a la frustración y capacidad para enfrentar la incertidumbre; pero también supone reconocer los propios límites y comprender que pedir ayuda cuando se necesita es una conducta responsable.

Frente a esta realidad debemos evitar dos extremos. La salud mental no puede ser entendida como un asunto exclusivamente individual, que cada estudiante o su familia debe resolver por sí solo. Pero tampoco corresponde que las instituciones educativas sustituyan a las familias o al sistema de salud. A las universidades no nos compete patologizar las dificultades propias de la vida ni asumir funciones clínicas que exceden nuestras capacidades. Sí tenemos la responsabilidad de prevenir, orientar, reconocer señales de alerta y facilitar oportunamente el acceso a la ayuda adecuada.

La primavera, estación del año en que reforzamos la prevención del suicidio, vuelve a poner este desafío en la discusión pública. Las campañas de sensibilización son necesarias, pero no bastan. Un mensaje que invita a pedir ayuda pierde buena parte de su sentido si, cuando una persona finalmente lo hace, no encuentra una respuesta accesible y oportuna.

Para muchas familias, sostener tratamientos privados de salud mental resulta difícil, mientras la red pública enfrenta una demanda que tensiona su capacidad de respuesta. Esta brecha no puede quedar entregada exclusivamente al esfuerzo individual de las familias ni ser resuelta aisladamente por cada institución educativa.

Detectar sin capacidad de respuesta no es suficiente. Derivar sin continuidad tampoco. El desafío no consiste en que todos hagan lo mismo, sino en que cada actor cumpla su función y que esas funciones estén conectadas. Las universidades debemos fortalecer la prevención, la primera acogida y la derivación oportuna; el sistema de salud debe disponer de capacidad especializada y accesible; y el Estado debe favorecer políticas, estándares y mecanismos efectivos de articulación. Necesitamos avanzar desde iniciativas aisladas hacia un verdadero sistema de prevención.

En la Universidad de Aconcagua hemos asumido esta responsabilidad fortaleciendo las acciones de prevención, psicoeducación y acompañamiento a través de nuestro Centro de Atención Psicológica, CAPSI que, desde el 2022 a la fecha, ha otorgado casi 3 mil sesiones gratuitas, 660 talleres en los distintos territorios donde se encuentra nuestra universidad, junto con impulsar acciones preventivas para el bienestar y salud mental, tanto a estudiantes como a las comunidades. Este trabajo responde a una definición institucional: el bienestar estudiantil forma parte de las condiciones que favorecen el aprendizaje y la progresión académica.

Al mismo tiempo, reconocemos que ninguna universidad puede abordar por sí sola un desafío de esta magnitud. Se requiere una articulación efectiva entre educación, salud y Estado, con responsabilidades claramente definidas y mecanismos de derivación que permitan acceder oportunamente a la atención especializada cuando esta sea necesaria.

Ese es, a nuestro juicio, el desafío que debemos abordar como sistema de educación superior. Avanzar desde iniciativas institucionales hacia un modelo articulado de prevención, detección y derivación, con responsabilidades definidas, protocolos de actuación y mecanismos efectivos de coordinación con la red de salud. No se trata de ampliar las funciones de las universidades, sino de definir con claridad sus responsabilidades y límites, fortalecer sus capacidades de prevención y detección, y establecer mecanismos efectivos de articulación con la red de salud cuando se requiere atención especializada.

Una política efectiva de salud mental en educación superior debe asegurar que esa articulación funcione y que la derivación se traduzca oportunamente en acceso a la atención requerida. Ese es el estándar sobre el cual debiéramos evaluar nuestros avances como sistema.