Este martes, el gobierno de Reino Unido confirmó la imposición de sanciones contra productos provenientes de asentamientos en Cisjordania, generando una rápida y dura respuesta de parte de Israel.
De acuerdo a la BBC, estas medidas fueron apoyadas por los gobiernos de Francia y Canadá, quienes aseguraron en una declaración conjunta que en la zona se lleva a cabo una “limpieza étnica”, ante la cual el gobierno israelí no ha actuado.
En este sentido, Downing Street precisó que prohibirá la importación de mercancías desde Cisjordania, llamada como Judea y Samaria por Israel, además de restricciones contra empresas y particulares que contribuyan a su expansión.
Esto, en específico, se aplicará hacia productos y servicios generados desde aquellos lugares, derivados de la agricultura, industria alimentaria y servicios.
“El Gobierno británico reconoce que se está produciendo una limpieza étnica de palestinos en zonas de Cisjordania perpetrada por terroristas colonos (…) Hoy nos negamos a ser meros espectadores ante el sufrimiento continuo”, indicó el canciller británico Ed Miliband.
Miliband, además, acusó al Gobierno israelí de haber hecho ‘vista gorda’ ante esa situación y señaló que algunos de sus miembros han realizado declaraciones y adoptado medidas que, según Londres, favorecen el desplazamiento forzado de palestinos.
“Se han demolido viviendas, destruido carreteras e infraestructura pública y desplazado familias de sus hogares”, aseveró.
El ministro aseguró que Reino Unido siente una “profunda vergüenza” por lo ocurrido en los territorios palestinos ante la mirada de la comunidad internacional: “Hoy nos negamos a ser meros espectadores ante el sufrimiento continuo y la destrucción de la solución de dos Estados”.
De acuerdo a The Telegraph, lo anterior confirma un cambio de postura de Londres, ya que el país desde ahora considera como ilegal la ocupación de Cisjordania en su totalidad.
“Durante mucho tiempo, el Gobierno británico ha afirmado, con razón, que los asentamientos son ilegales, pero hemos guardado silencio sobre la legalidad de la ocupación en su conjunto, que en 2024 la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal”, declaró.
“Hoy anuncié que la postura oficial del Gobierno británico es que la ocupación es ilegal debido al afianzamiento del control israelí, su intención de extender la soberanía permanente y su agenda expansionista mediante asentamientos ilegales”, cerró.
Lo cierto es que esto generó una rápida respuesta por parte de Israel, que procedió a efectuar cuatro medidas hacia Reino Unido. Estas fueron oficializadas por el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar.
Entre ellas están el cierre del consulado en Jerusalén Este, el veto a Jeremy Corbyn y otros 11 británicos, fin del entrenamiento británico a fuerzas palestinas y expulsión del Centro de Coordinación para Gaza.
Recordar que Reino Unido es uno de los ocho países que tienen consulados en Jerusalén Este, una parte de la ciudad santa ocupada y anexionada por Israel, pero habitada mayormente por palestinos y reivindicada como la capital de un futuro Estado Palestino.
Asimismo, aparte de Corbyn, fue vetada su socia de partido, la también diputada Zarah Sultana. Se suma el abogado Fahad Ansari, director de la asociación Riverway to the Sea y abogado de Hamás en la impugnación del grupo palestino a su ilegalización en Reino Unido.
Los otros nueve ciudadanos británicos sancionados son todos diputados: cinco de ellos por el Partido Verde, tres por el Partido Laborista y el independiente John McDonnell.
Saar anunció además el cese de operaciones del Equipo de Apoyo Británico en Ramala, un pequeño destacamento que lleva desde 2008 desplegado allí para entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con financiación pública.
Según declaró el año pasado el diputado laborista Luke Pollard en el portal de transparencia del Parlamento británico, el Equipo proporciona a la ANP “apoyo profesional” para ayudar a “desarrollar instituciones de seguridad competentes y responsables que respeten los derechos humanos”.
Por otro lado, el gobierno palestino celebró y calificó de “importante” la decisión del Ejecutivo británico.
“Esta medida representa un paso importante para traducir el derecho internacional y la legitimidad internacional en acciones concretas contra el negocio de los asentamientos”, aseguró el Ministerio palestino de Exteriores y Expatriados en un comunicado.
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