La eurodiputada griega Eva Kaili está en el centro de la investigación por el caso de corrupción en el que está implicados varios eurodiputados y asistentes parlamentarios. Junto con los demás implicados podrían pronto perder la inmunidad parlamentaria.
Un mes después de las revelaciones del escándalo de corrupción “Qatargate” en el Parlamento Europeo, los eurodiputados se reúnen en sesión plenaria del 16 al 19 de enero para debatir, entre otros, sobre el levantamiento de la inmunidad de los dos eurodiputados implicados.
“Los responsables encontrarán al Parlamento del lado de la ley”. Desde principios de enero, la presidenta Roberta Metsola viene afirmando que su institución hará todo lo posible por ayudar a los investigadores.
Un proceso que empieza este lunes en Estrasburgo, con la apertura del procedimiento de levantamiento de la inmunidad de dos de los eurodiputados implicados en Catargate, el italiano Andréa Cozzolino y el belga Marc Taraballa, ambos socialdemócratas.
A continuación, la Comisión de Asuntos Jurídicos examinará el caso. Hasta el mes que viene, durante la sesión plenaria de febrero, los eurodiputados no votarán la cuestión del levantamiento de la inmunidad de los dos parlamentarios. Pero en Estrasburgo no hay duda de que ningún grupo se opondrá.
Sylvie Guillaume, eurodiputada socialista francesa del mismo grupo parlamentario (S&D) que los dos acusados, cree que levantarles la inmunidad arrojará más luz sobre el caso. “En cierto modo es necesario, porque permite a estos dos eurodiputados defenderse”, dijo.
El representante electo de la Agrupación Nacional (RN) Jean-Lin Lacapelle pide ir aún más lejos, con la creación de una comisión parlamentaria. Una petición que hasta ahora no ha sido aceptada por el Parlamento Europeo. “Queremos saber hoy quién ha sido corrompido, a qué nivel, e intentaremos que las cosas vayan muy rápido. Lo que está en cuestión es la reputación y la imagen del Parlamento Europeo”, afirmó el eurodiputado de RN.
Los investigadores belgas ya detuvieron el pasado 9 de diciembre a la vicepresidenta de la institución, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili. También fue arrestado su compañero, el italiano Francesco Giorgi, asistente parlamentario de Andrea Cozzolino, el ex eurodiputado socialista italiano Pier-Antonio Panzeri, así como el responsable de una ONG, Niccolo Figa-Talamanca.
En el caso de Kaili, no hizo falta ningún procedimiento de levantamiento de inmunidad puesto que se constató la infracción en flagrante delito ya que se encontraron en su casa bolsas con dinero. El 13 de diciembre se la destituyó de su cargo de vicepresidenta del Parlamento Europeo.
Hacia la adopción de nuevas normas éticas
En los próximos días, todo el mundo debería centrarse en cómo reforzar las normas éticas de los eurodiputados.
Para la eurodiputada Sylvie Guillaume, las normas existentes deben hacerse obligatorias y generalizarse para ser más eficaces.
“Cuando eres ponente de un texto, por ejemplo, tienes que aportar lo que llamamos una huella legislativa, es decir, mostrar las reuniones que tenemos para construir nuestro punto de vista”, explicó. Por ejemplo, este tipo de información debe generalizarse.
El jueves 12 de enero, la presidenta del Parlamento Europeo presentó a los presidentes de los grupos políticos su plan de lucha contra los conflictos de intereses y las injerencias de terceros países.
Una de las prioridades de este plan de catorce puntos es prohibir a los eurodiputados hacer lobby después de su mandato. La declaración de intereses de los eurodiputados también se vería afectada, por ejemplo.
Según el corresponsal de RFI en Bruselas, Jean-Jacques Héry, “la idea es precisar las actividades profesionales de los eurodiputados. Podría exigirse a los eurodiputados que comunicasen todos los nombramientos realizados en el marco de su mandato”.
Esta voluntad de reforma cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Hay que decir que parece urgente. Este domingo se supo que el eurodiputado Marc Tarabella, la misma persona a la que deberían levantarle la inmunidad, no declaró un viaje pagado por Catar en febrero de 2020.
Y unos días antes, la eurodiputada socialista belga Maria Arena había denunciado el mismo tipo de descuido en una misión el pasado mes de mayo, también en Catar. Ambos dicen que no tienen nada que reprocharse, pero en el contexto, esto al menos empuja a reforzar las normas.
