Cinco independentistas catalanes, electos en las últimas elecciones legislativas, fueron autorizados para salir algunas horas de la cárcel este martes para asumir sus cargos parlamentarios en la sesión constituyente del Congreso y el Senado españoles.
Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull fueron escogidos para el Congreso y Raül Romeva para el Senado en las elecciones legislativas del 28 de abril, que brindaron la victoria al presidente del gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez.
Encarcelados desde hace más de un año, obtuvieron el lunes un primer permiso del Tribunal Supremo, que los juzga desde febrero por el intento de secesión en esta región nororiental en octubre de 2017, para registrarse en las cámaras parlamentarias.
Y este martes podrán salir nuevamente para asistir a partir de las 10:00 (08:00 GMT) a la sesión constituyente en la que se deben escoger los presidentes y los órganos de dirección de ambas cámaras.
“Nos quieren silenciados y apartados y las urnas nos han vuelto a dar voz”, celebró Oriol Junqueras, presidente del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y exvicepresidente del gobierno regional, en una entrevista escrita a la AFP desde la cárcel.
Junqueras también es el candidato de su partido a las elecciones europeas del domingo.
Desde 2017, los separatistas han seguido esta estrategia de ubicar al frente de sus listas a dirigentes detenidos o en el extranjero, como el expresidente regional Carles Puigdemont, para denunciar su situación y reclamar su liberación.
Supervisados por la policía, los cinco nuevos parlamentarios deberán jurar el martes la Constitución española, la misma que supuestamente violaron en su proceso hacia la independencia.
Los conservadores del Partido Poular (PP) y los liberales de centroderecha de Ciudadanos anunciaron su intención de presentar recursos para privarlos de su escaño.
“La democracia española también se tiene que defender fuera del ámbito judicial frente a quienes quieren acabar con ella”, argumentó el líder del PP, Pablo Casado.
Serán las dos cámaras quienes decidan una eventual suspensión de los cinco nuevos diputados actualmente juzgados y encarcelados.
Las dificultades del diálogo
El Tribunal Supremo descartó poner fin a su prisión preventiva, como reclamaban los abogados de los cinco independentistas, argumentando que su derecho a la libertad de expresión y opinión no se veían comprometidos.
Y subrayó que la autorización para salir de la cárcel era “excepcional”, sin pronunciarse explícitamente sobre otros posibles permisos para asistir a sesiones parlamentarias.
Esto podría tener importantes consecuencias políticas para Pedro Sánchez, quien ganó las elecciones pero sin mayoría absoluta.
Si los diputados independentistas no pueden participar en el debate de investidura, su voto será contado como una abstención, lo que bajaría automáticamente el límite para conseguir la mayoría. Así, el socialista podría ser reelegido jefe de gobierno sin recurrir a los partidos separatistas catalanes.
“Sería un atentado a la democracia”, criticó Junqueras a la AFP.
Un año y medio después del intento de secesión, la peor crisis política vivida por España en cuarenta años de democracia, el asunto sigue siendo explosivo.
Sánchez, que tumbó con una moción de censura al conservador Mariano Rajoy en junio de 2018, apostó por dialogar con los dirigentes catalanes.
La oposición de derechas se muestra especialmente hostil con este intento de acercamiento, reclamando la suspensión de la autonomía de esta región todavía dirigida por los independentistas.
Estos últimos, que consideran a sus dirigentes encarcelados como “presos políticos”, le dan una de cal y una de arena.
ERC se dice abierta a negociar pero reclama un referéndum de autodeterminación que Madrid rechaza repetidamente e impidió la elección al Senado del socialista catalán Miquel Iceta, el candidato predilecto de Sánchez para la Cámara Alta.
En reacción, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, les recriminó su “actitud totalitaria” y su “sectarismo”.
Ahora los socialistas proponen no uno, sino dos catalanes para presidir las dos cámaras del Parlamento español: el filósofo Manuel Cruz para el Senado y la ministra encargada de la política regional, Meritxell Batet, para el Congreso.