La junta militar birmana anunció este martes un indulto parcial para la depuesta líder democrática Aung San Suu Kyi, que reduce su pena de cárcel de 33 a 27 años, cuando el país continúa inmerso en el conflicto y el régimen castrense se resiste a convocar elecciones.
Un comunicado de la junta que detenta el poder desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 anunció hoy la condonación de 5 de las 19 condenas contra Suu Kyi, que sus abogados tachan de fabricaciones políticas.
El indulto, que afecta a acusaciones como la violación de normas contra la covid-19 o un delito de corrupción y tiene un impacto inicial muy limitado, se anunció en paralelo a la reducción de cuatro años a la condena de doce del expresidente Win Myint, depuesto por los generales, y a una amnistía a cerca de 7.800 prisioneros.
La situación actual de Suu Kyi es incierta. Fuentes de su entorno aseguraron a EFE que la exlíder, que gobernó de facto Birmania hasta el golpe, todavía está en prisión, si bien podría ser transferida a un arresto domiciliario, como se especula desde hace días.
La exlíder, que ganó el Nobel de la Paz en 1991 por su lucha en favor de la transición democrática en Birmania, ya pasó 15 años detenida en su domicilio en el periodo de la anterior junta militar (1962-2011).
¿Táctica de distracción?
El anuncio se produce mientras la junta continúa recibiendo presiones tanto externas como internas para buscar salida al conflicto, sin que haya logrado hacerse con el control del país, perdiendo terreno frente a las fuerzas de defensa del pueblo (PDF, siglas en inglés), formadas por civiles tras el golpe.
“No tengo duda de que (el anuncio sobre Suu Kyi) es una táctica de distracción de su fracaso en hacerse con el control del país, gestionar la economía, y un intento de lavar su imagen frente a la población”, dice a EFE Alistair Cook, experto en Birmania de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales.
El indulto parcial a Suu Kyi fue anunciado asimismo un día después de que la junta extendiera este lunes por cuarta vez el estado de emergencia, por seis meses más, lo que elimina la posibilidad de que se convoquen elecciones este año, como estaba previsto, añadiendo incertidumbre a la volátil situación de Birmania.
La junta, que se comprometió tras el golpe a convocar elecciones un año después, se escuda para extender el estado de emergencia (tras el cual se abre un periodo máximo de seis meses para ir a las urnas) en que son “tiempos extraordinarios”, la excepción que permite la carta magna, por los “actos de terror” de la oposición.
En particular, el régimen castrense señala como responsables al Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se autoproclama la autoridad legítima de Birmania, y a las PDF, su brazo armado.
Dividir y vencer
El NUG, que opera en la semiclandestinidad, se constituyó inicialmente por exdiputados del Legislativo salido del triunfo de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi en las elecciones de noviembre de 2020, tachadas sin pruebas de fraudulentas por el Ejército, su excusa para dar el golpe.
El presidente del NUG, Duwa Lashi, urgió hoy en su cuenta de Twitter a que Suu Kyi, Win Myint y todos los prisioneros políticos sean “liberados de manera incondicional e inmediata”.
Aunque la Liga de Suu Kyi fue el germen del NUG, este ha impulsado una agenda política más ambiciosa, a la vez que ampara la lucha armada de las PDF, con lo que en principio disiente la formación de la nobel.
Así, fuentes del NUG dijeron hoy a EFE que los intentos de acercamiento de la junta a Suu Kyi podrían tener como objetivo “dinamitar” y “dividir” a la oposición, cuando la junta aseguró la víspera que “aún se necesita tiempo para preparar las elecciones”.
El golpe de Estado ha sumido a Birmania (Myanmar) en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Según el último recuento de la Asociación para la Asistencia de los Prisioneros Políticos (AAPP), una ONE local, 19.733 prisioneros políticos continúan detenidos y 3.857 personas han fallecido en manos de las fuerzas armadas desde la asonada.
