El magnate hongkonés de la prensa Jimmy Lai pasará 14 meses en prisión por organizar y participar en dos manifestaciones no autorizadas durante la oleada de protestas antigubernamentales que azotaron la ciudad en 2019.
La Justicia hongkonesa le impuso hoy penas de 12 y 8 meses por su participación en estas dos protestas, que tuvieron lugar el 18 y el 31 de agosto de 2019, aunque el juez dictaminó que en total deberá pasar 14 meses en prisión.
Lai, fundador del diario Apple Daily, crítico con Pekín, está en prisión desde hace varios meses acusado de cargos como “confabulación con fuerzas extranjeras” bajo la ley de seguridad que Pekín impuso en la ciudad.
Hoy, la Corte hongkonesa presentó dos cargos más contra él, por “conspiración para confabularse con fuerzas extranjeras” y por “conspiración para obstruir el curso de la Justicia” al ayudar a uno de los doce hongkoneses capturados en China en 2020 cuando intentaban huir a Taiwán.
Al margen del magnate, la jueza Amanda Jane Woodcock del Tribunal de Kowloon Occidental impuso hoy penas de un año y medio de cárcel para el exlegislador Leung Kwok-hung y de 14 meses para el vicepresidente del Partido Laborista Lee Cheuk-yan por su papel en las protestas.
Otros seis activistas hongkoneses también fueron condenados a entre 8 meses y un año de prisión por el mismo motivo, pero la jueza decidió suspender la condena durante 24 meses para algunos de estos acusados.
Así, Martin Lee, de 82 años y uno de los abogados más conocidos de Hong Kong, y la letrada Margaret Ng fueron condenados a 11 y 12 meses, respectivamente, con una suspensión de su condena de dos años, mientras que los activistas Albert Ho y Leung Yiu-chung fueron condenados a 12 y 8 meses, pero su pena queda igualmente suspendida.
“Desafiaron a la autoridad”
El pasado 1 de abril Lai y estos activistas fueron declarados culpables -o se declararon culpables previamente- de organizar y participar en la citada protesta, que tuvo lugar el 18 de agosto de 2019.
La Policía solo había autorizado una concentración en el céntrico Victoria Park ese día, pero los convocantes decidieron proceder con su plan original y la manifestación desembocó en una marcha que los abogados defensores justificaron al asegurar que sus clientes pretendían evitar aglomeraciones.
La jueza señaló que el caso supone “un desafío directo a la autoridad policial y a la ley y el orden” y que la marcha fue “premeditada” y “causó interrupciones del tráfico”.
“Aunque fue pacífica, existía el riesgo latente de que terminara con episodios violentos”, agregó.
“El hecho de que tomaran una decisión consciente de violar la ley es grave teniendo en cuenta la volatilidad de aquellos días”, afirmó la magistrada.
Los organizadores aseguraron que la manifestación del 18 de agosto congregó a 1,7 millones de personas.
Estas manifestaciones se enmarcaron en la oleada de protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Hong Kong durante la segunda mitad de 2019 a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición que, según varios sectores críticos con el Gobierno, habría abierto la puerta a que residentes de Hong Kong pudieran ser extraditados a la China continental para ser juzgados allí.
Los activistas no dan crédito a la sentencia
Uno de los activistas a los que se le suspendió hoy la pena, Albert Ho, expresó “su sorpresa e indignación” por el caso a la salida de la corte entre gritos de “¡represión política!” que lanzaron algunos simpatizantes del movimiento prodemocrático.
“Una manifestación pacífica debe ser respetada en el marco de las leyes internacionales. En el pasado, nadie habría sido enjuiciado aquí por participar en protestas de este tipo”, dijo Ho a un grupo de periodistas.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) indicó en un comunicado que “encarcelar a miembros de la oposición viola las leyes internacionales, que indican que organizar o participar en una manifestación pacífica no requiere de permiso previo del estado”.
“La sentencia evidencia la intención del Gobierno hongkonés de eliminar toda la oposición política en la ciudad”, señala AI.
“Arrestaron a la mayoría de los activistas mediante la ley de seguridad nacional y ahora están barriendo a los críticos pacíficos bajo el pretexto de las protestas de 2019”, agrega el texto.
En junio de 2020 Pekín aprobó una polémica ley de seguridad nacional para la ciudad que contempla penas hasta de cadena perpetua por supuestos como secesión o confabulación con fuerzas extranjeras.
Asimismo, la sentencia llega semanas después de que China aprobase una reforma electoral para Hong Kong que limitará más aún las opciones de la oposición de acceder a los mecanismos rectores de la excolonia británica y servirá para reforzar el control de Pekín en la gestión del territorio.