La ONU dijo hoy que el Gobierno militar de Birmania está condenando a muerte a civiles por haber participado en manifestaciones pacíficas contra el reciente golpe de Estado y advirtió que la situación ha llegado a tal extremo de violencia que se teme el estallido de una guerra civil.

Solo este fin de semana, los militares asesinaron por lo menos a 82 personas en la localidad de Bago (sur del país), con lo que el número de muertos en el contexto de las protestas supera el medio millar.

“Los arrestos continúan, con más de 3.000 personas detenidas y hay informaciones de que 23 personas han sido sentenciadas a muerte en juicios secretos”, dijo la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

Entre ellos hay manifestantes y personas que han sido acusadas de delitos de carácter político y penal.

La persecución ha obligado a cientos de personas a esconderse, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos, celebridades y otras personalidades públicas que están siendo buscadas por los militares por haberse atrevido a criticar lo que ocurre por internet.

El acceso a internet por banda ancha y por dispositivos móviles está interrumpido desde el pasado día 2 por órdenes del gobierno golpista, lo que ha dejado a la población sin fuentes libres de información.

Shamdasani dijo que la represión también toma otras formas y busca eliminar hasta la más tímida señal de disidencia.

Además de tirar a matar y de utilizar granadas y morteros contra los civiles, las fuerzas de seguridad han impedido este fin de semana que los equipos de socorro prestaran auxilio a los heridos y han multado con 90 dólares (una suma muy elevada en Birmania) a quienes se acercaban a reclamar los restos de sus familiares asesinados.

Los militares también detuvieron a personas que desde sus viviendas habían encendido linternas como parte de una movilización simbólica convocada por un movimiento prodemocrático.

Shamdasani dijo que ahora se teme que esta situación desemboque en una guerra civil. “Las manifestaciones continúan de manera pacifica, pero el Ejército está respondiendo de forma tan brutal que recuerda lo que pasó en Siria en 2011”.

Ese año se registraron en Siria las primeras protestas pacíficas que terminarían en una guerra civil de grandes proporciones, que tuvo repercusiones regionales y mundiales, y que causó la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo al respecto que las declaraciones de condena y las sanciones limitadas de algunos países contra miembros de la Junta militar birmana ya no son suficientes y que es urgente que se tomen “medidas concertadas” que detenga este baño de sangre.

“Pedimos a todos los países que tienen alguna influencia, sea geopolítica, económica, diplomática o financiera que ejerza presión para que los militares cesen de asesinar a su propia gente”, dijo la portavoz de Bachelet.

Una responsabilidad particular -agregó- incumbe a los países vecinos, en particular a China, el aliado más importante con el que el Ejército birmano ha contado en las últimas décadas.

La forma más efectiva de presionar a los militares es a través de sus intereses económicos, que se concentran en gran parte en actividades mineras, como la extracción de piedras preciosas.

El movimiento cívico que se gestó tras el golpe del pasado 1 de febrero se desarrolló inicialmente en centros urbanos, pero la respuesta del gobierno también ha reavivado movimientos armados en áreas más apartadas del territorio, que han sido últimamente bombardeadas desde el aire por el ejército.

La Oficina de Bachelet indicó que no tiene ningún tipo de comunicación oficial con las autoridades de facto de Birmania.