El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad vinculada a antiguos socios comerciales del mandatario.
La decisión fue comunicada por el propio jefe de Estado a través de un video publicado en su cuenta de X, donde aseguró que busca preservar la estabilidad del país y sus instituciones democráticas.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas“, expresó.
En su declaración, Peña también pidió disculpas a la ciudadanía. “Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, sostuvo, junto con manifestar su preocupación por los ahorros de los paraguayos afectados por la crisis bancaria.
“Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el fondo de garantía de depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”, agregó.
La salida del mandatario había sido adelantada por Rodolfo Friedmann, integrante de la Junta de Gobierno del oficialista Partido Colorado, quien señaló que la intención es que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la Presidencia, mientras que Antonio Barrios ocupe la Vicepresidencia.
La decisión se produce en medio de un proceso de juicio político impulsado en el Congreso paraguayo, luego de que distintos sectores de la oposición y del oficialismo exigieran la salida de Peña por los cuestionamientos relacionados con Ueno Bank.
Según consignó Infobae, la acusación parlamentaria contempla cinco causales, entre ellas presuntos conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de fondos previsionales y operaciones crediticias por unos US$123 millones con empresas relacionadas.
El documento también cuestiona la participación patrimonial de Peña en Ueno Holding, luego de que el mandatario declarara ante la Contraloría General de Paraguay acciones por un valor nominal de 6.144 millones de guaraníes.
La entidad financiera fue intervenida por el Banco Central de Paraguay, lo que desencadenó protestas de ahorristas y una crisis que terminó por comprometer la continuidad política del mandatario.
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