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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno argentino liderado por Javier Milei implementará el Sistema de Articulación de la Política Exterior (SAPE), un programa de la Cancillería destinado a coordinar las medidas estatales relacionadas con la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. SAPE busca asegurar la coherencia y uniformidad de las actividades internacionales del país, fortaleciendo los reclamos de soberanía ante la comunidad internacional. Este sistema operará dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, excluyendo gestiones financieras internacionales.

El Gobierno argentino de Javier Milei contará con un nuevo mecanismo para coordinar las medidas estatales ligadas al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

Se trata del Sistema de Articulación de la Política Exterior (SAPE), un programa de la Cancillería trasandina enmarcado en los esfuerzos del Gobierno para “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” de Argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur “y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

El anuncio fue dado a conocer el jueves pasado por la Oficina Presidencial de Milei mediante un comunicado compartido en sus canales oficiales.

El Gobierno del líder derechista detalló que este sistema tendrá como objetivo implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento “para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.

A su vez, añadió, permitirá a la Cancillería argentina asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país “sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior” en lo relativo a “los derechos soberanos” sobre los territorios mencionados.

En ese sentido, la Administración de Milei indicó que “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”.

“Esta coordinación permite sostener una postura firme y coherente en el tiempo, fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional y adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales, reafirmando el compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”, explicó.

“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, cerró.

El Gobierno trasandino oficializó el SAPE mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial el 11 de septiembre, en el que se establece que funcionará dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De esta manera, el sistema tendrá a su cargo la implementación de “los mecanismos de información, coordinación y asesoramiento oportuno” respecto de las actividades internacionales desarrolladas por las jurisdicciones y organismos de la administración pública Nacional “que pudieran tener incidencia en la política exterior o en los intereses internacionales” de Argentina.

En tanto, el decreto detalla que quedan excluidas del ámbito de aplicación de SAPE las gestiones ante organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades asimilables cuando se circunscriban exclusivamente a aspectos financieros, crediticios o presupuestarios.

Así, SAPE buscará reforzar el papel de Cancillería como articuladora de la acción internacional del Estado en un contexto en que el Gobierno de Milei ha puesto especial énfasis en Malvinas.

Cabe destacar que el mandatario argentino anunció el pasado 3 de septiembre que se dará énfasis a la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en un mensaje a la nación en el que además reclamó de manera enfática la soberanía de las Malvinas, ubicadas a unos 700 kilómetros del lugar donde se levantará la instalación militar.

Se trata de una base que había sido anunciada en 2022 por el Gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el proyecto se paralizó a raíz del severo recorte de gastos ordenado por Milei al llegar a la Presidencia argentina, en diciembre de 2023.