Este viernes el Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, notificó formalmente al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro “definitivo” de la Corte Penal Internacional (CPI).
A través de un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Félix Plasencia González, señaló que su país considera que la actuación de la Corte responde “a un sesgo geográfico demostrado”, acusándola de concentrar su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos “en detrimento del Sur Global”.
“Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”, agregó.
“Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”, sostuvo.
El secretario de Estado remarcó que, estas razones, como Gobierno rechazan “esta dimensión de lawfare” que, a su juicio, “perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”.
“Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, concluyó.
El Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, establece la competencia de la Corte sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, a partir de una enmienda de 2010, el crimen de agresión.
Además de la jurisdicción, también aborda cuestiones como la admisibilidad y la ley aplicable, la composición y administración de la Corte, las investigaciones, juicios, sanciones, apelación, cooperación internacional y la asistencia judicial.
En diciembre de 2025 la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina en Caracas debido a la falta de “progreso real” en la cooperación por parte del régimen que en ese entonces era liderado por Nicolás Maduro.
El fiscal adjunto del tribunal internacional, Mame Mandiaye Niang, dijo en esa oportunidad que pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades de Venezuela, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang en la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI.
La CPI había instalado su oficina en la capital venezolana en 2024 para trabajar sobre la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Desde el régimen venezolano le respondieron en aquella oportunidad al Fiscal Adjunto de la CPI, asegurando que Venezuela fue el primer país del continente en ratificar el Estatuto de Roma “y, desde entonces, ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional”.
“Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos”, señaló.
“Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos”, remarcó mediante un comunicado, pese a las denuncias hechas por la ONU.
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