La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el cierre de su oficina en Caracas debido a la falta de “progreso real” en la cooperación por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Según confirmó el lunes el fiscal adjunto del tribunal internacional, Mame Mandiaye Niang, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades de Venezuela, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang en su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI.
La CPI había instalado su oficina en la capital venezolana en 2024 para trabajar junto a las autoridades locales.
Si bien alcanzó a estar operativa por sólo un año, Niang confirmó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa”, la que estará dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
Tal como detalla EFE, Caracas siempre rechazó esta investigación, aseverando que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.
Venezuela responde duramente a la CPI
Desde el régimen de Maduro salieron a responder las declaraciones del Fiscal Adjunto de la CPI, asegurando que Venezuela fue el primer país del continente en ratificar el Estatuto de Roma “y, desde entonces, ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional”.
“Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos”, señaló.
“Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos”, remarcó mediante un comunicado, pese a las denuncias hechas por la ONU.
Caracas consignó que la Fiscalía de la CPI asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país.
Sin embargo, añadió, “no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación. A pesar de haber transcurrido más de 7 meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios”.
“Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos”, acusó.
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