La Fiscalía de Perú pidió nueve meses de prisión preventiva a un suboficial de la Policía, llamado Luis Nazario, detenido e investigado, por presuntamente haber matado a un niño de 8 años con su arma de fuego durante una intervención en la ciudad de Huacho, en el norte de la región de Lima, informó este martes el Ministerio Publico.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura investiga al agente por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en agravio del menor de edad, agregó el comunicado oficial.
El fiscal adjunto Fernando Ayala consideró que esta la “habría sido desproporcionada, sin previa advertencia ni situación de riesgo real que amerite el disparo”.
Medios locales informaron que el menor murió este domingo en el Hospital del Niño, en Lima, donde fue internado en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza durante una intervención policial a un mototaxi (triciclo motorizado para transportar personas).
Según la información, el menor viajaba con su madre como pasajero del mototaxi, cuando sufrió un accidente, motivando, primero, la intervención de la Policía y, a continuación, se produjo un altercado con el conductor y otras personas.
El lunes, el Ministerio Público confirmó que el menor “falleció tras una intervención policial en Huacho” y que el agente fue “detenido en flagrancia y habría ocasionado la muerte de la víctima con un disparo”.
En ese sentido, el fiscal Ayala dispuso la incautación del arma y que se efectúe la pericia balística y una prueba de absorción atómica, además de tomar las declaraciones de los agentes que participaron en la intervención.
El fiscal también ordenó que se recaben las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona y un video registrado por testigos del suceso, entre otras diligencias urgentes para establecer las responsabilidad del caso.
La investigación coincide con la entrada en vigor de una polémica ley que excluye de la justicia común a policías y militares que cometan delitos durante el ejercicio de su función.
Esta legislación es rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos al considerarla como un mecanismo de impunidad para agentes estatales responsables de muertes.
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