La reciente adquisición de veinticuatro aviones de combate F-16 por parte del Estado peruano desencadenó una crisis política de gran magnitud, situando al presidente interino, José María Balcázar, en el centro de una controversia que podría llevarlo a la destitución este lunes 27 de abril.
La operación, valorada en tres mil quinientos millones de dólares y concretada con la empresa estadounidense Lockheed Martin, provocó la renuncia de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, así como una moción de censura en el Congreso contra el mandatario peruano por anunciar que iba a postergar la compra para el próximo gobierno. La situación ya pone en duda la estabilidad del Ejecutivo y el curso de la política de defensa nacional.
Renuncias y pugnas
El miércoles pasado, los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores presentaron sus renuncias tras un enfrentamiento con el presidente Balcázar sobre la concreción del contrato para la compra de los F-16 estadounidenses.
Hugo de Zela, exministro de Relaciones Exteriores, explicó su dimisión con estas palabras: “La razón por la que he renunciado es similar. Y es porque estoy en completo desacuerdo con la decisión que ha tomado el presidente Balcázar en un tema de seguridad nacional y porque, además, considero que cuando un país no cumple la palabra empeñada, pierde credibilidad y no hace posible desarrollar adecuadamente la tarea del canciller”.
A pesar de que Balcázar declaró públicamente que la compra no se había concretado y que correspondía a la siguiente administración decidir sobre el proceso, el presidente del Congreso y el primer ministro confirmaron que la adquisición estaba en marcha y que el primer pago ya se había realizado. El monto inicial transferido ascendió a cuatrocientos sesenta y dos millones de dólares.
Declaraciones cruzadas
El presidente Balcázar defendió su posición señalando en un mensaje en señal abierta: “Lo que yo estoy diciendo es que esos contratos, que se han celebrado antes, se respeten por el nuevo gobierno que venga después de las elecciones y nada más. O sea que no se pueden tergiversar mis declaraciones”.
Sin embargo, la contradicción entre sus palabras y los actos administrativos registrados desde el Ejecutivo generó un clima de incertidumbre, agravado por la presión de diversos sectores políticos que consideraron la situación como una falta de liderazgo.
El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Chávez Cateriano, puntualizó que el proceso de selección y adquisición de los aviones se realizó sin la necesidad de la firma presidencial, tal como lo permite la normativa de contrataciones estatal.
“Se firmó también el día lunes (20 de abril) por la tarde. Esos son los dos documentos que se han firmado y en ninguno de ellos está presente la firma del señor presidente, porque la norma de contrataciones del Estado no lo exige. Entonces, nosotros hemos hecho lo que corresponde de acuerdo a ley”, explicó en RPP Noticias.
La génesis de la compra
Chávez Cateriano, además, detalló que la Fuerza Aérea tomó catorce años para definir la mejor opción tecnológica y que la decisión de optar por los F-16 fue producto de una evaluación exhaustiva entre modelos estadounidenses, europeos y rusos.
“En el año 2012 se conforma una comisión técnica, presidida por quien le habla, para evaluar el reemplazo de los Mirages 2000 y de los Mig-29. En aquella oportunidad se invitaron a postores de todo el mundo. […] Finalmente, quedan tres finalistas, y se hizo una presentación a la señora presidenta, que era Dina Boluarte en aquella época, con presencia del primer ministro y del ministro de Defensa”, expresó Chávez Cateriano.
Tras la aprobación en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, instancia presidida por el jefe de Estado, y el visto bueno del Congreso y la Contraloría de la República, se procedió a la firma de los documentos con Lockheed Martin.
“Este proyecto tenía la aprobación de todos los niveles de gobierno, del presidente, del Consejo de Ministros, de la Cancillería, del Congreso, de la Contraloría General de la República y finalmente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Recordemos que este no es un proyecto solamente de la Fuerza Aérea, es un proyecto de Estado para la defensa nacional de los intereses de nuestro país por los próximos cuarenta años”, subrayó Chávez Cateriano.
Costos, fases y compromisos
La operación se dividirá en dos etapas: la primera incluye la compra de doce aviones junto con el sistema logístico en tierra y equipos de mantenimiento, mientras que la segunda etapa contempla los otros doce aviones. El costo total asciende a tres mil quinientos millones de dólares, distribuidos entre los presupuestos de 2025 y 2026.
Tras la tormenta política en el Ejecutivo, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, expresó su satisfacción por la concreción del acuerdo: “Estamos muy contentos con el trato que se cerró y continuaremos apoyando a Perú en temas de seguridad”.
Navarro también informó que el primer lote de aviones llegará en 2029 y que la entrega del segundo dependerá de los tiempos de producción de Lockheed Martin.
Legalidad de la firma
El exministro de Defensa, Walter Astudillo, explicó que la firma del contrato correspondió a un coronel de la Fuerza Aérea y no al presidente, tal como lo establece la normativa vigente.
Astudillo remarcó: “La compra fue aprobada en el gobierno de la presidenta Boluarte, un año y medio de gestiones, el Congreso aprueba el presupuesto. Se hacen las conversaciones con los tres países de tal manera que bajen su oferta económica y brinden las mejores opciones para el país”.
La postura de Balcázar, al mostrar reparos en la última fase del proceso, fue interpretada como una contradicción, al punto que Astudillo señaló: “Es una situación muy complicada y me apena abordar este tema porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado. El que representa a la nación. Y que tiene una obligación constitucional que es velar por el orden interno y la seguridad externa, y tomar las medidas adecuadas para garantizar la integridad territorial y la soberanía del país”.
El análisis internacional
Óscar Vidarte, internacionalista, aportó una mirada sobre el impacto de la compra en la política exterior peruana y el equilibrio entre Estados Unidos y China.
“El equilibrio del Perú respecto a Estados Unidos y China no se organiza en función de agendas. No es que con uno (tenga una) alianza económica (por el Megapuerto de Chancay) y con el otro, una alianza militar. Así no funciona”, explicó.
Vidarte sostuvo que la decisión de adquirir los F-16 se enmarca en una serie de señales de acercamiento a Estados Unidos, que incluyen la base naval y el reconocimiento como aliado estratégico de la OTAN.
“Lo que hemos visto en los últimos meses es un alineamiento claramente militar con Estados Unidos. Y recordemos que nuestra historia pasada, estos alineamientos con Norteamérica no siempre han sido los más positivos”, expresó.
El internacionalista agregó que la operación de los F-16 podría requerir autorización de Estados Unidos para ciertas acciones, lo que plantea interrogantes sobre la autonomía peruana en materia de defensa.
“El mismo almirante Jorge Montoya (congresista de la República) ha dicho que estos aviones probablemente no sirvan para llevar a cabo ciertas acciones que Estados Unidos no quiere. Es decir, nuestra seguridad, a partir de la compra de estos aviones, podría en gran parte depender de los intereses de los Estados Unidos”.
Las repercusiones
La controversia por la adquisición de los F-16 ya derivó en una moción de censura contra el presidente interino Balcázar en el Congreso, impulsada por parlamentarios que cuestionan su manejo del proceso y la supuesta falta de claridad en sus declaraciones.
La discusión sobre su eventual destitución está programada para los próximos días, en un escenario marcado por la inestabilidad política y la presión de las fuerzas armadas y civiles. De aprobarse, Balcázar dejará de presidir la Mesa Directiva del Congreso y, por lo tanto, no podrá seguir ocupando la Presidencia de la República por su sucesión constitucional.
Mientras tanto, el embajador Navarro reafirmó el interés de Estados Unidos en profundizar la cooperación bilateral y atraer nuevas inversiones al país: “Con el trato que se cerró hay seriedad, y eso permitirá que más empresas se interesen en invertir aquí”.
La compra de los F-16 ha expuesto tensiones institucionales, ha puesto a prueba la figura presidencial y ha abierto un debate sobre la orientación de la política exterior peruana, en un contexto donde la seguridad nacional y la credibilidad internacional están en juego, remarcan los expertos.
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